Cada uno de los ocho trabajadores colombianos que denunciaron a un empresario por contratación ilegal en Astigarraga reclama una pena de nueve años de cárcel para este hombre, que se enfrenta así a una petición total de 72 años de prisión por parte del conjunto de afectados.
La solicitud de estos trabajadores (cinco hombres y tres mujeres) es sensiblemente superior a las ya formuladas por la Fiscalía de Gipuzkoa, que pide tres años de prisión para el empresario, mientras que la Tesorería de la Seguridad Social solicita condenas de entre tres y seis.
Esta disparidad de penas se debe a que la acusación particular cree que el caso de cada uno de los ocho afectados constituye un concurso real de diferentes delitos contra los derechos de los trabajadores, de tráfico ilegal de mano de obra y de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.
Distintas agravantes
A ellos les suma además las agravantes de alevosía, de abuso de superioridad y de género.
Según el escrito de la acusación particular, ejercida por el letrado Juan Enrique Álvarez Fanjul, los hechos se produjeron a partir de mayo 2019, cuando los afectados, algunos de los cuales se desplazaron expresamente al Estado para este trabajo, empezaron por separado su relación laboral con el procesado en una nave que otra empresa le había cedido como almacén en Astigarraga.
Varios de los afectados, algunos de los cuales residían en este local, desarrollaron labores de mantenimiento y limpieza, carga y descarga, reparto, conducción de vehículos y maquinaria, aunque alguno también lo hizo en una discoteca de Lesaka (Navarra), mientras que las tres mujeres desarrollaban labores de cocina y limpieza.
Situación precaria y de necesidad
El texto, al que ha tenido acceso EFE, considera que el encausado se aprovechó de la situación "precaria y de necesidad" de los damnificados, a los que presuntamente prometía que regularizaría su situación sin cumplir "nunca" lo pactado y negándose a abonarles los salarios acordados, además de insultarles y vejarlos, y hacerles cumplir en ocasiones jornadas de entre 9 y 14 horas, según los casos.
En algunos de ellos, se habría comprometido además a buscarles un piso para residir y a pagarles los billetes de avión.
El documento considera que este empresario no sólo buscaba así "aprovecharse" de "la situación de desconocimiento, temor y necesidad" de los trabajadores para "aumentar su lucro económico" sino que también buscaba hacerlo con "impunidad".
Miedo a la deportación
Para ello se habría servido mediante "amenazas" del "miedo a la deportación" que tenían los afectados, con el fin de mantener una "situación de esclavitud" sobre ellos ante la posibilidad de que pudiera "denunciar" ante las autoridades "su situación irregular en territorio español".
El escrito de la acusación particular describe además una diferencia de trato entre hombres y mujeres, ya que el encausado presuntamente encomendaba a estas últimas "tareas como la limpieza de su ropa personal y la preparación de la comida" y además el salario que les prometía "era inferior al de los hombres".
Junto a las citadas penas de prisión, la acusación particular reclama la imposición de distintas multas al empresario, así como que éste compense económicamente a los perjudicados y que se declare como responsables civiles subsidiarios a su empresa, a la gerente del negocio, a la compañía que le cedió la nave de Astigarraga y al administrador de esta última firma.
