La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario guipuzcoano acusado de contratar ilegalmente a ocho inmigrantes colombianos, cinco hombres y tres mujeres, a los que presuntamente explotaba laboralmente en una nave de Astigarraga aprovechando su "situación de necesidad".
El Ministerio Público se suma de este modo a la Tesorería de la Seguridad Social, también personada en este procedimiento, y que reclama para el procesado penas de entre tres y seis años de prisión como responsable de distintos delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque a su entender los hechos también podrían ser constitutivos de infracciones en el orden social y en materia de extranjería.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se iniciaron en mayo de 2019 fecha a partir de la que el empresario ofreció trabajo por separado a los afectados "siendo conocedor de que carecían de permiso de residencia y de permiso de trabajo".
El documento recalca que el empresario "nunca tuvo intención de cumplir los compromisos alcanzados verbalmente" con los perjudicados" y "de hecho nunca los cumplió".
Creían que regularizaría su situación
Destaca asimismo que los inmigrantes, representados por el letrado Juan Enrique Álvarez Fanjul, desarrollaron sus labores "bajo la creencia ficticia" de que el empresario "regularizaría tanto sus situación laboral como la personal, dado que así se lo había transmitido a cada uno de ellos".
En algunos de estos casos, se había comprometido a buscarles un piso para residir y a pagarles los billetes de avión, si bien varios de ellos residían "sin las adecuadas medidas de higiene y seguridad" en la misma nave de Astigarraga en la que trabajaban y que le había sido cedida como almacén al acusado por otra empresa.
En este lugar, los afectados, según los casos, realizaban distintas labores de mantenimiento, reparto, carga y descarga, conducción de vehículos y maquinaria industrial, así como trabajos de cocina y limpieza de diferentes "útiles" que el empresario traía de una discoteca de Lesaka (Navarra).
Les amenazaba con avisar a la Policía
En las ocasiones en las que alguno de los damnificados le reclamaba el pago de su salario, el inculpado presuntamente "se negaba" y les amenazaba con "avisar a la Policía", dada su situación "irregular", describe el texto de la Fiscalía.
El documento precisa que alguno de los afectados habría llegado a desarrollar "jornadas de trabajo de hasta catorce horas" y recibió insultos como "cerdo sudoríparo" y "mongo retrasado", mientras que a una de las mujeres le llamaba "lenta" y "corta", y le aseguraba que la iba a mandar "de vuelta a Colombia".
La Fiscalía reconoce no obstante que el acusado "actuó con sus facultades intelectivas y volitivas afectadas moderadamente, debido a un trastorno bipolar y a un trastorno por consumo de alcohol, actualmente en abstinencia, pero que padecía en el momento de los hechos", por lo que accede a aplicarle esta circunstancia como atenuante.
Además de las citadas penas de cárcel, el Ministerio Público demanda para el procesado una multa de 3.240 euros y que indemnice a cada uno de los ocho perjudicados con 5.000 euros por el daño moral causado.
