La Tesorería General de la Seguridad Social reclama penas de cárcel para un empresario guipuzcoano al que acusa de contratar ilegalmente a ocho inmigrantes colombianos a los que presuntamente imponía "jornadas de hasta once horas diarias" incumpliendo "íntegramente" las "promesas" laborales que les realizó.
Los hechos fueron denunciados el 11 de julio de 2019 cuando, según un auto al que ha tenido acceso EFE, los ocho trabajadores declararon ante la Policía que el empresario les había prometido "un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social, pago de un salario de 500 a 600 euros y opción de alojamiento y manutención".
Según sus testimonios, los perjudicados, representados en esta causa por el letrado Juan E. Álvarez Fanjul, "aceptaron y trabajaron durante varios meses en labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria, herramientas y otros útiles en una nave industrial de Astigarraga".
Entre ocho y once horas diarias
Tal como explicaron entonces, llevaban a cabo su labor "de lunes a domingo, entre ocho y once horas diarias, descansando únicamente una hora para comer", ya que "tenían cocina y camas en el lugar".
Los inmigrantes relataron asimismo que en una ocasión el empresario presuntamente les ordenó acudir a una discoteca abandonada situada en Lesaka para recoger material, encomienda que supuestamente llevaron a cabo "haciendo uso de vehículos sin -tener- habilitación para conducir en España".
Tras desvelar que "las condiciones laborales prometidas nunca llegaron a cumplirse", los denunciantes dijeron que no percibieron "salario ninguno", ni firmaron "contratos de trabajo" y que "incluso" el empresario presuntamente llegó a "exigirles dinero por los gastos de pernocta y manutención".
Revelaron igualmente que dos de ellos sufrieron sendos accidentes laborales durante su actividad y que cuando reclamaron al denunciado que "cumpliera sus promesas" presuntamente "les amenazó con advertir a la Policía y con que serían expulsados a Colombia".
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso EFE, la Tesorería General de la Seguridad Social concreta ahora que los ocho inmigrantes "carecían de permiso de residencia" por lo que se encontraban en "situación de irregularidad" en nuestro país.
Sin altas a la Seguridad Social
El documento recoge además que el empresario no habría comunicado a la Seguridad Social las "altas" en este régimen de los perjudicados, a quienes presuntamente "hacia residir" en el citado local, cedido por otra mercantil, "imponiéndoles jornadas de hasta once horas diarias".
Asimismo, el acusado presuntamente les dirigía "comentarios vejatorios" como "cortos y 'mongos'", y les amenazaba con denunciar ante la Policía su situación de irregularidad cuando le reclamaban "el pago del salario".
La Tesorería de la Seguridad Social explica que el imputado no formalizó "contrato alguno por escrito" con los afectados, a los que habría prometido de forma "verbal" abonarles "el billete de avión desde Colombia" y "el pago de determinadas cantidades por hora trabajada", así como "alojamiento y manutención", promesas que finalmente habrían sido "íntegramente incumplidas".
Local usado como alojamiento
La situación en la que se encontraban estas personas fue descubierta el 9 de julio de 2019, dos días antes de la denuncia, cuando un trabajador de la mercantil que había cedido al acusado el local de Astigarraga constató que estaba siendo usado "como alojamiento" por los perjudicados y les pidió que lo desalojaran.
La Tesorería General de la Seguridad Social considera que estos hechos son constitutivos de diferentes delitos contra los derechos de los trabajadores por los que reclama que se le imponga una pena de entre tres y seis años de prisión, así como una multa de 720 euros, aunque recuerda que los hechos pueden también ser constitutivos de infracciones en el orden social y en materia de extranjería.
Tras la presentación de este escrito de acusación está previsto que en próximas fechas también lleven a cabo este trámite tanto la Fiscalía de Gipuzkoa como la representación de los perjudicados.
