Que en España la justicia está politizada es algo sabido. La composición de los órganos que conforman la cúpula judicial se ha resuelto durante años mediante componendas que reflejaban la relación de fuerzas entre los dos principales partidos. Pero el fin del bipartidismo ha desnudado las vergüenzas de este sistema que solo puede seguir funcionando si socialistas y populares se ponen de acuerdo, lo que a día de hoy parece imposible. La situación es tan grave que en el discurso de apertura del curso judicial el magistrado que actuó como portavoz de los jueces no tuvo empacho en acusar a PSOE y PP de moverse por sus propios intereses para obtener “ventajas políticas”. A estas alturas no nos vamos a llevar las manos a la cabeza, pero dicho por un juez en un acto de semejante solemnidad es una acusación muy fea. Es imposible no evocar el caso Negreira, ese en el que Barcelona regó de millones al vicepresidente del Colegio de Árbitros para que equilibrara en favor de los azulgranas la endémica tendencia de los árbitros a favorecer al Real Madrid. En cualquier caso, no vayamos a meter a todo el sistema en el mismo saco. No es la misma crisis la que arrastran los tribunales ordinarios por falta de recursos humanos y materiales que la que exhiben los altos tribunales del Estado, en los que, a la vista de lo que los mismos protagonistas admiten, no es posible confiar.
