Cinco días después del desahucio exprés que ha dejado a once vecinos de Donostia sin su vivienda habitual, la secuencia de lo ocurrido revela que la emergencia habitacional puede llegar a estallar de un día para otro bajo un mismo techo. Se trata de la dura realidad que atraviesan en Gipuzkoa “personas y familias enteras” en situación de extrema vulnerabilidad al no disponer de un contrato de alquiler que demuestre su situación, pese a pagar puntualmente la renta por habitación, casi siempre en negro.
El desenlace, como ocurrió la semana pasada en el barrio donostiarra de Egia, es bien conocido. No existe un título, un documento válido que justifique la relación entre arrendatario y arrendador, y todo ello puede conducir sin remedio al desalojo, casi siempre “silencioso”. Una situación desconcertante, como la que vivieron los inquilinos del número 22 de la calle Aldapa del barrio donostiarra de Egia, a los que visitó una comisión judicial acompañada por varias dotaciones de la Ertzaintza para ejecutar la drástica medida.
Según confesaron los afectados, no supieron del lanzamiento hasta un día antes de que se produjera. Estas personas, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses y un menor de once años, se vieron en un abrir y cerrar de ojos con sus pertenencias en la calle. Estos días tratan de reorganizar sus vidas. No está resultando nada sencillo.
La mujer en estado de gestación se encuentra actualmente en un albergue de Donostia. Los días parecen transcurrir al compás del incierto paréntesis que se ha abierto en su vida. Se trata de una estancia temporal que, a través de los Servicios Sociales, debe renovar cada cinco días, a la espera de encontrar una alternativa habitacional que se resiste. "Al estar embarazada y su pareja trabajando les han ofrecido esa posibilidad hasta que encuentren otro alojamiento. Pero la verdad es que están venga buscar, y la incertidumbre es tremenda", aseguran a este periódico desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia.
"Nada de empadronamiento, ni de contrato de alquiler"
No es el único colectivo que acompaña estos días a las personas afectadas. También lo hace la asociación vecinal Egia Bizirik, Saretxe Etxebizitza Sindikatua e Hiritarron Harrera Sarea. Toda ayuda parece poca teniendo en cuenta la respuesta que reciben una y otra vez a la hora de buscar alternativa: "nada de empadronamiento, ni de contrato de alquiler".
Es la misma negativa que viene recibiendo el menor de once años que también fue desahuciado junto a su madre y la pareja de ésta. Tras una estancia de tres días en un hotel "una vecina les ha dejado una pequeña habitación hasta que encuentren algo". En esa búsqueda de una habitación subarrendada, esta mujer también se ha topado con un muro. Según trasladan a este periódico los colectivos de apoyo, han llamado a varias puertas pero "se niegan en redondo" a que comparta la misma habitación con su hijo.
Otros dos jóvenes que también tuvieron que dejar su vivienda la semana pasada pasaron la primera noche en el Servicio de Acogida Nocturna Gaueko Aterpea y buscan ahora, a través de una conocida, una alternativa en Martutene.
Es el retrato de la situación que trasladan las entidades sociales. Y no se trata de un caso puntual, como reconoce a este periódico Jon Telletxea, responsable del área de acción social de Cáritas en Gipuzkoa, que habla en términos de "precariedad absoluta".
El 21% de las familias atendidas por la entidad el año pasado no disponía de un contrato de alquiler, a pesar de que sus inquilinos están empadronados, con frecuencia en habitaciones subarrendadas y a precio de mercado, como ha ocurrido en el barrio donostiarra de Egia.
“Por lo que observamos, desde luego que a pesar de esas condiciones de vida no se les hace una rebaja de la renta a pagar, y en ocasiones vemos que incluso que se les aumenta", asegura Tellechea.
Entre 600 y 650 euros por habitación
Los inquilinos desahuciados venían pagando mensualidades de entre 600 y 650 euros por habitación, un dinero que abonaban "en negro" a la persona encausada, quien habría firmado el contrato de alquiler con la empresa que le ha denunciado por impagos. Ése es precisamente el motivo por el cual los vecinos afectados no tuvieron conocimiento de la orden judicial hasta un día antes.
En realidad, la demanda de desahucio por precario interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia nº2 por la empresa Aldapa Berri S.L. es contra Iñigo Otegui Pérez, la persona a quien pagaban en negro. La Ley de Vivienda regula una prórroga extraordinaria de un año cuando los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales. Pero al no disponer de un contrato de alquiler, a efectos legales, las personas perjudicadas no figuran como inquilinos. "Nos avisaron con un plazo de tan solo 24 horas, y en esa orden ni siquiera aparecían nuestros nombres", denuncian los afectados.
Una cruda realidad que parece ir en aumento de la mano de una emergencia habitacional que aboca a vivir en habitaciones subarrendadas, llegando a compartir espacios mínimos e íntimos con familias desconocidas, en condiciones de hacinamiento.
La preocupación por esta realidad llevó a Cáritas a iniciar hace tres años un análisis exhaustivo del impacto que la falta de vivienda está provocando en la vida de las personas y familias que acompaña. Pasado este tiempo, la radiografía que han obtenido se corresponde con lo que vienen observando a diario a pie de calle. Es lo que los expertos califican como vivienda insegura."Estamos hablando de familias y personas que pagan su renta pero no tienen un contrato escrito. Carecen de cualquier tipo de título de tenencia de ese alquiler o subarrendamiento. El subarrendamiento es una figura legal pero en estos casos no existe ese contrato, lo que sin duda tiene muchas consecuencias", advierte Telletxea.
La principal de ellas es la inseguridad jurídica a la que les aboca. "No se puede justificar que estés viviendo de alquiler porque, normalmente, no te dan recibos ni se paga mediante transferencia bancaria. Todo es al contado", detalla el responsable del área de acción social de Cáritas, quien advierte que el contrato de alquiler es precisamente uno de los requisitos a la hora de acceder a la RGI.
Contrato de alquiler: un documento necesario para justificar ante terceros
"Por encima de todo, hablamos de la posibilidad de justificar ante terceros ya que es un derecho, que además lo estás pagando. Tú estás pagando un alquiler y ese pago debe figurar por escrito, algo que en estos casos no ocurre", insiste Telletxea.
Desde Cáritas observan que la crisis en torno a la vivienda se ha convertido en un elemento que está conduciendo a la exclusión social. "Hay una precariedad absoluta que afecta a un volumen importante de personas y familias. Por mucho que pagues el alquiler, vives en una situación de precariedad porque ese pago del alquiler no lleva aparejado los derechos que se supone que debería conllevar. Por no hablar sobre los empadronamientos, con los que se llega a mercadear", censura.
Desde Cáritas muestran su preocupación por esta situación "grave" que compromete de lleno la vida de las personas. Una realidad que la ONG de atención humanitaria está trasladando en todos los espacios y foros que comparte con otras entidades. "Queremos visibilizar y mostrar estas situaciones que en ocasiones son invisibles y pueden pasar inadvertidas".
Tellechea reconoce que el de la vivienda es un problema "complicado" que abarca muchos ámbitos, pero la organización tiende su mano y muestra su disposición a "colaborar y a trabajar en clave constructiva para poder aportar lo que sea necesario" para paliar los efectos de esta difícil coyuntura social.
