El Gobierno de Bélgica, a través de su ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, reconoce la decisión de la sociedad pública de ferrocarril (SNCB/NMBS) de volver a elegir a CAF como socio preferente para el suministro de al menos 180 trenes por valor de 1.695 millones de euros en un contrato que puede escalar hasta los 600 trenes regionales del modelo AM30 y 3.400 millones de euros.
“La esencia misma de un mercado europeo es elegir en función del rendimiento global, sin preferencias nacionales”, ha defendido Cruke en plena polémica político-empresarial-sindical de no haber favorecido productores con implantación local. Hubiera resultado ilegal incluir alguna fórmula en ese sentido en una licitación que tenía carácter europeo.
Aun así, el ministro se hace eco de una demanda que la sociedad pública hace en su comunicado de este miércoles y también espera que “este contrato beneficie a la economía belga en términos de empleo, subcontratación e innovación industrial. En esta dirección deben centrarse ahora las negociaciones”.
El propio consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, expresó hace unos días en varias entrevistas en la prensa belga que aunque entre los requisitos del contrato no se recogía el empleo local, la empresa guipuzcoana no cerraba la puerta a buscar fórmulas para favorecerlo: “Estamos abiertos a cualquier iniciativa en esta dirección”.
Después de la elección de este miércoles, que reafirma la inicial que la SNCB tomó el 28 de febrero, fue recurrida por Alstom y Siemens Mobility, y refrendada por una doble auditoría independiente tras la suspensión que decretó el Consejo de Estado, empresa pública y CAF reanudan las conversaciones que deben derivar en el contrato definitivo.
Protocolario y relevante
Protocolario, este pronunciamiento tiene su relevancia, toda vez que el titular de la cartera tiene posibilidad de revocar las decisiones del consejo de administración belga. Cuando antes del consejo de administración del 27 de junio le sugirieron esta posibilidad, el propio Crucke la rechazó de plano.
“Este paso debe terminar en un contrato impecable. Los plazos, la calidad y la seguridad jurídica son innegociables, porque cualquier retraso socavaría nuestro objetivo estratégico de aumentar la cuota modal del ferrocarril en un 30% para 2032”, resume el ministro, que recuerda que Bélgica se propone renovar más de la mitad de su material rodante para ese año.
Alstom, “decepcionado”
Uno de los focos de atención tras la ratificación de la SNCB era Alstom. Por el momento, la prensa belga se hace eco de una primera reacción de la multinacional francesa en la que muestra su “decepción” por la decisión: “Nos tomamos un tiempo para evaluar las consecuencias para Alstom y ver qué opciones tenemos”.
La clase política: tarde y mal
A nivel político, las reacciones llegan tarde y mal para los intereses belgas. Tarde porque como ya advirtió el ministro Crucke, para que el empleo local tuviera algún tipo de bonificación, se tenía que haber tenido en cuenta alguna cláusula medioambiental al lanzar el proceso de licitación a finales de 2022. Y mal porque con todo, adoptan una posición de teórica defensa del empleo local que en realidad es un llamamiento a saltar la legalidad de los procesos de licitación europeos.
El presidente del Movimiento Reformador liberal, Georges-Louis Bouchez, carga contra una SNCB “que, en gran medida, no ha asumido sus responsabilidades. Si perdemos nuestros últimos emplazamientos industriales no podremos quejarnos”.
El dirigente democristiano de CD&V Franky Demon culpa a la ferroviaria pública de la escasez de la carga de trabajo de la planta de Alstom en Brujas y de que “corra el riesgo de comprometer seriamente el futuro de más de 600 empleos”. Repitiendo uno de los argumentos del debate que solo se fijaba en el precio de la oferta, Demon ha insistido en que la multinacional francesa “no sólo era más barato, sino también un socio reconocido en nuestro país”.
Los Verdes insisten con Israel
En el comunicado de la SNCB se recogen dos preceptos que estarán presentes en la conversación entre la empresa y CAF. Por un lado, el hecho de contar con proveedores locales; y por otro, “solicitar a CAF confirmación de que sus actividades cumplen con el derecho internacional y los derechos humanos”.
Un requisito del que se han hecho eco Los Verdes, que han asegurado en su comunicado que “la SNCB continuará las negociaciones con CAF, pero este solo conseguirá el contrato si se retira de los asentamientos israelíes ilegales donde actualmente está presente”.
Sobra decir que la SNCB no llega a ese extremo en su comunicado. Cuando saltó a la palestra este tema, que también afectaría a Alstom por su presencia en proyectos de Israel, el propio Crucke fue taxativo al recordar que no cabía boicot en una Bélgica mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado mediterráneo.
La diputada del marxista PTB y ferroviaria, Farah Jacquet, ha calificado la decisión de “golpe de gracia” para la planta que Alstom asumió con la compra de Bombardier en 2021.
