El Gobierno vasco y las diputaciones forales rechazan la propuesta de la Comisión Europea para la próxima Política Agraria Común (PAC) y solicitan el mantenimiento de su actual asignación financiera.
Tras la presentación por parte de la Comisión Europea de sus propuestas para el próximo Marco Financiero post 2027 –en un contexto en el que van a subir los gatos en defensa–, las instituciones vascas calculan que va a haber un recorte de más de un 20 % de los fondos destinados a la PAC, al que se oponen.
La consejera Amaia Barredo, junto a los diputados forales Noemi Agirre (Araba), Xabier Arruti (Gipuzkoa) y Arantza Atutxa (Bizkaia), han hecho público un comunicado en el que solicitan "el mantenimiento de la actual asignación financiera de la PAC, su articulación como política propia y separada, y la conservación de su estructura en torno a los dos pilares".
Para Barredo, en un contexto geopolítico mundial de incertidumbre, la seguridad y soberanía alimentaria de la UE "debe ser una prioridad presupuestaria del máximo nivel, por encima de otras o del mismo rango".
Todo ello, en un ambiente de enfado de la gran mayoría de agricultores europeos que no acaban de asumir la actual normativa y la que Bruselas prepara para la nueva PAC, sin un marco estable de planificación para su actividad agraria.
"No puede ser que al sector agroalimentario europeo se le pida cada vez más esfuerzo y se reduzca su asignación financiera, diluyendo además la PAC en un marco conjunto de políticas poco complementarias", ha señalado Barredo.
La disminución presupuestaria que conlleva la propuesta de la Comisión pone en riesgo, a juicio de Barredo, la seguridad alimentaria de la UE y su capacidad de potencia exportadora.
Invasión de competencias
Además, las instituciones vascas consideran que la propuesta europea invade el ámbito competencial vasco, exclusivo en materia de aplicación de la política agraria.
Según Barredo, "tal y como ocurrió en la aplicación de la vigente reforma de la PAC, en la que se ignoró nuestra capacidad constitucional de autogobierno, al dar al MAPA el diseño y coordinación del PEPAC (Plan estatal de aplicación del PAC), de nuevo la Comisión Europea invade el marco competencial de aquellas regiones europeas enclavadas en Estados de ámbito federal o autonómico como el nuestro".
En el caso de Euskadi, y en lo que se refiere a la materia agraria, con el agravante de que no recibe financiación estatal.
En la anterior reforma se hizo una salvedad para Flandes y Valonia, que ahora puede servir como referencia para la defensa de la capacidad de las competencias vascas de gestión.
Otra objeción es la agrupación en un único fondo de las políticas agraria, rural, pesquera y de cohesión, lo que, según la consejera, va frontalmente "en contra de la simplificación que tanto pregona la Comisión, ya que una gestión compartida multinivel del fondo, tanto a nivel regional, pero, sobre todo, a nivel estatal, en Estados de corte autonómico como el caso de España, se antoja de una complejidad extrema".
El Gobierno vasco y las diputaciones forales son partidarios de mantener el apoyo de la PAC desde los fondos actuales (Feaga y Feder), defender la asignación de bolsas financieras específicas para cada Estado o región autónoma y "diseñar las intervenciones que mejor se adapten a nuestra realidad sectorial".
