Una de las críticas que protagonizan las movilizaciones del sector agrario en todo el Estado español es la excesiva burocracia a la que se deben enfrentarse, pero el problema no es exclusivo de esta actividad a tenor de un informe elaborado por la patronal guipuzcoana Adegi en la que se alerta de que las abundantes cargas administrativas que afectan a los negocios entorpecen el progreso empresarial del territorio.

El documento se basa en una encuesta promovida por la asociación empresarial europea de pequeñas y medianas empresas European Entrepeneurs CEA-PMA de la que forma parte Adegi, quien ha consultado a 82 negocios del territorio de los que la mitad son pequeñas empresas con plantillas de hasta 49 personas y un 35% son medianas, donde trabajan entre 50 y 249 profesionales.

Las empresas critican “el aluvión y dispersión de normas legales”

La principal conclusión de sus respuestas apunta a que el tejido empresarial guipuzcoano presenta un grado superior de cargas administrativas que las europeas lo que, según lamentan, les supone una pérdida de tiempo y mayores costes adicionales que condicionan su competitividad. 

DATOS ESTADÍSTICOS

La obligación administrativa más repetida, en la que coinciden más de la mitad de las consultadas, es la facilitación de datos para las sucesivas encuestas que han de atender, procedentes de organismos como el Eustat, el INE o el Banco de España. No muy lejos se sitúa el “exceso legislativo y administrativo”.

En este epígrafe citan ejemplos más concretos como duplicidades en las comunicaciones con diferentes administraciones, la normativa medioambiental o la referente a la protección de datos y “el aluvión y dispersión de normas legales”. También critican los cambios constantes en la normativa y la elevada regulación legal respecto a planes de igualdad o informes retributivos, entre otros.

El ámbito fiscal es otro de los aspectos que incrementan “excesivamente” en opinión de las empresas de Gipuzkoa las cargas administrativas que están obligadas a cumplir. Como quejas principales, el informe de Adegi recoge la necesidad de presentar el mismo impuesto en Haciendas diferentes, la aplicación a todas las empresas del impuesto al plástico y “un control fiscal no homogéneo entre regiones”.

TICKETBAI

TicketBAI es otra de las dificultades que mencionan las empresas consultadas en el apartado fiscal, de las que el 46% pertenecen al sector industrial y el 45% a servicios, mientras que el 9% se encuadran en construcción. El sistema electrónico de emisión de facturas implantado por la Diputación de Gipuzkoa tuvo una fuerte contestación inicial en el pequeño comercio, pero a juzgar por las respuestas de este informe su dificultad se traslada a otras actividades económicas.

Junto con las encuestas, la legislación y la fiscalidad, aunque en menor medida, surgen las licencias, que el 15% del tejido empresarial del territorio consultado considera un obstáculo para su desarrollo por su profusión.

“La administración es muy exigente con las empresas en cuestión de plazos, pero ella no tiene obligaciones de plazo para sus respuestas”

Empresario - Informe de Adegi

Entre las más citadas se encuentran las licencias de obras, las municipales de actividad, y las correspondientes al proceso y documentación para la apertura de un local o para obtener subvenciones que contribuyan a realizar inversiones.

El informe de Adegi recoge además diferentes opiniones manifestadas por responsables empresariales de Gipuzkoa, como la que se lamenta de que “el trabajo que debería hacer la administración recae en las empresas y asesorías con una carga burocrática que supone una gran pérdida de tiempo y sus correspondientes costes”.

PLAZOS EXIGENTES

Del mismo modo, otra queja hace referencia a los plazos. “La administración es muy exigente con las empresas en cuestión de plazos, pero ella no tiene obligaciones de plazo para sus respuestas”, apunta otra opinión.

El sentir del tejido empresarial de Gipuzkoa es más marcado, pero en el ámbito europeo también existe una sensación de que el exceso de cargas administrativas lastra la competitividad. En respuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió en marzo de 2023 a reducir un 25% las obligaciones de informes para las empresas de la Unión Europea

REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

El informe elaborado por Adegi concluye que “la carga administrativa está consumiendo recursos valiosos en términos de tiempo y dinero”, además de afectar directamente en la inversión y la innovación, dos de los factores clave para asegurar el avance en cualquier organización empresarial. Por este motivo, lanza una serie de recomendaciones que pueden englobarse en la revisión integral de todos los procedimientos.

Una de las recomendaciones concretas que realiza se refiere a una mayor coordinación entre administraciones de manera que se eviten duplicidades en los trámites que las empresas están obligadas a realizar, además de unificar los informes para que no tengan que responder varias veces a preguntas que en ocasiones son las mismas, pero procedentes de distintos agentes.

La patronal aboga por simplificar normativas como las relativas a cuestiones medioambientales y de protección de datos

También aboga por simplificar normativas como las relativas a cuestiones medioambientales y de protección de datos. Sus consejos afectan también a un sistema cercano en Gipuzkoa como es el TicketBAI, el control de facturas electrónico para evitar el fraude fiscal, a quien pide que las aplicaciones informáticas sean centralizadas y que simplifique la presentación que deben entregar los negocios.

Los empresarios lamentan tener que rellenar por partida doble determinados formularios. N.G.

La profusión de datos que deben gestionar, ordenar y facilitar las organizaciones empresariales dificultan el desarrollo normal de su actividad, por lo que el informe considera interesante que desde la administración se idee una fórmula que incremente la capacitación de las compañías en materia de procedimientos simplificados, junto con el fomento de una cultura de la eficiencia en el manejo de la documentación.

También en el área formativa, Adegi propone que las instituciones públicas involucren a profesionales del sector privado en su toma de decisiones, dado que este colectivo puede aportar un mayor conocimiento sobre las necesidades y perspectivas de las empresas.