El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró este jueves que la UE está considerando imponer sanciones adicionales a Irán por los acontecimientos acaecidos en el país debido a la muerte de una joven detenida por llevar mal colocado el velo.
"La próxima reunión de ministros de Exteriores discutirá posibles sanciones a Irán", confirmó Borrell en un encuentro con un grupo de agencias internacionales, en alusión a la cita prevista el próximo día 17, en Bruselas.
El jefe de la diplomacia europea confirma así lo que había avanzado el pasado martes en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Medidas restrictivas
En esa cita había indicado que en el consejo de ministros de Exteriores se abordaría la posibilidad de adoptar "medidas restrictivas" contra Irán por el "asesinato" de la joven Masha Amini, que murió en custodia policial.
"Seguiremos considerando todas las opciones a nuestra disposición, incluidas las medidas restrictivas, para hacer frente al asesinato de Masha Amini y a la forma en que las fuerzas de seguridad han respondido a las manifestaciones", indicó Borrell durante el debate en el pleno de la Eurocámara.
Uso desproporcionado de la fuerza
Borrell consideró "injustificable" e "inaceptable" el "uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes no violentos", ya que "la gente en Irán, como cualquier otra, tiene derecho a protestar pacíficamente", dijo sobre las protestas desatadas por la muerte de Amini.
Gestos en apoyo a Amini
Las protestas por la muerte de la joven se encuentran ya en su tercera semana y han ido evolucionando desde grandes protestas en las calles a movilizaciones en universidades y gestos de desobediencia por las calles, como es quitarse el velo o cortarse el pelo.
La Policía ha reprimido las movilizaciones con el uso de porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y, según la ONU, munición real.
La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92.
