Los datos son fríos, no muestran el miedo, ni la angustia, ni la incertidumbre. Pero sí permiten una aproximación a realidades duras, como la que viven las personas sin hogar. Los representantes de Cáritas Gipuzkoa, Sergio Corchón y Laura Pérez, han dado cuenta hoy en el Centro de Acogida Nocturna para personas en situación de exclusión social y residencial, Hotzaldi, de esta realidad, que se refleja en las 1.216 personas en situación de calle que ha atendido en los primeros nueve meses de 2024.
Aunque la cifra supone un descenso, 7,4%, respecto al mismo periodo del pasado año, los representantes de Cáritas han querido dejar claro que “estos datos no son un reflejo directo del sinhogarismo, ya que muchas personas se marchan a otro lugar o encuentran una solución transitoria.
De las personas atendidas, el 90% han sido hombres, mayoritariamente jóvenes; el 9% son mujeres y un 1% no se están asignadas. El 93% son de origen extranjero y el 7% tienen nacionalidad española; y el 83% (1.009 personas), tienen edades comprendidas entre los 18 y los 44 años.
La suma de todas estas circunstancias hace que las personas sin hogar no vean una salida, a no tener acceso al empadronamiento y, en consecuencia, a una vivienda o empleo.
El 78,8% de las personas atendidas por Cáritas no contaba con ningún tipo de alojamiento, mientras que el resto residía en centros de su gestión, en acogida o en alojamientos inadecuados o inseguros, como las chabolas.
Desahucio silencioso
Cáritas, además de hacer una fotografía de la realidad de las personas sin hogar, ha puesto el foco en otro hecho muy preocupante, y que afecta a las personas y familias que se ven obligadas a vivir en “viviendas inadecuadas”, como las que tienen que conformarse con “habitaciones subarrendadas” en las que una unidad familiar tiene que compartir espacios comunes.
No disponer de un contrato de alquiler, además de “limitar su seguridad jurídica”, no pueden acreditar el domicilio ante la Administración ni reclamar reparaciones o similares, les coloca en una situación de máximo riesgo de sufrir “un desahucio silencioso”: llegar a casa y ver que no puede acceder. Nada hay que acredite que allí residen, no hay herramientas de las que se puedan valer para reclamar. Tampoco hay cifras ni estadísticas.
El padrón, una herramienta clave
Las personas que viven en la calle o aquellas que no pueden acreditar donde viven, si no pueden empadronarse pierden una herramienta clave para ejercer sus derechos.
En el caso de las 1.216 personas en situación de calle el 70,9%, 862, no estaban empadronadas. Sin este trámite, se encuentran con una barrera casi inexpugnable para acceder a derechos sociales. De ahí que Cáritas reclame la simplificación de su tramitación, incluido el padrón social, “reforzando la coordinación institucional”.
La vivienda, un privilegio
Cáritas lleva años trabajando y preocupándose por las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables.
Las cifras vuelven a ofrecer un retrato más que preocupante de la realidad. A lo largo del pasado año Cáritas atendió a 5.320 hogares, el grueso compuesto por parejas con hijos o personas solas, aunque con un importante peso de las familias monoparentales, de las que solo un 35,5% disponía de una vivienda en régimen de alquiler no de VPO.
A contribuir a sufragar los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o los suministros, Cáritas destinó el pasado año más de 1 millón de euros, el 50% del monto total que reserva a ayudas directas a hogares acompañados, de los que el 23,5% viven en habitaciones subarrendadas, “viviendas inadecuadas”.
Aunque buena parte de las familias han podido empadronarse, el 21% de los hogares atendidos, y paga mensualmente el alquiler, no cuentan con un contrato que lo acredite.
Pero la situación más dura es la que sufren el 14,8% de los hogares atendidos, sobre todo formados por personas solas, se hallaban “fuera de cualquier circuito habitacional estable”. Realidades que corresponden a “situaciones de calle, emergencia o acogida temporal”.
Exclusión residencial
De todas las unidades convivenciales atendidas por Cáritas, el 58,1% se encontraba en situación de riesgo de exclusión residencial, las anteriormente citadas, y solo el 41,9% residía en una vivienda adecuada.
Ante esta realidad, Cáritas ha vuelto a denunciar que la vivienda “se haya vuelto un privilegio” y que se, en el caso de las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, se haya constituido como “una de las principales barreras para el ejercicio de los derechos”.
“Resulta calve impulsar políticas públicas de viviendas específicas orientadas a las personas en exclusión residencial grave”, han reivindicado desde Cáritas.
