El Gobierno vasco a partir de ahora estará obligado por ley a dedicar el 0,7 % del presupuesto anual a políticas de cooperación, un requisito que recoge explícitamente la Ley de Cooperación y Solidaridad que ha aprobado este jueves el Parlamento con un respaldo prácticamente unánime ya que solo se ha opuesto la única parlamentaria de Vox.

PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, y Cs han votado a favor de esta norma. En total ha sido apoyada por 73 parlamentarios de los 74 presentes (faltaba uno).

En el texto normativo, que sustituye a la anterior ley de 2007, se establece que el presupuesto general de Euskadi destinará anualmente, al menos, el 0,7 % de su gasto total a la política de cooperación y solidaridad.

El incremento anual del presupuesto de cooperación será, como mínimo, proporcional al aumento anual del presupuesto general, todo ello sin tener en cuenta otros fondos que contribuyan al alcance de los objetivos de desarrollo.

El objetivo de la ley es regular el régimen jurídico de la política pública vasca en materia de cooperación y solidaridad, y ampliar el ámbito de aplicación a los tres niveles institucionales de Euskadi, el municipal, el foral y el autonómico, así como a la Universidad del País Vasco y a Eudel.

Agiliza los trámites para las ayudas

También pretende simplificar y agilizar los trámites de las ayudas y las subvenciones en este ámbito y busca promover los valores solidarios e impulsar la movilización de la sociedad vasca y sus instituciones.

Asimismo reconoce el protagonismo de las organizaciones sin ánimo de lucro en este campo.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y, Nerea Melgosa, ha expresado su satisfacción por la "amplísima mayoría" que ha concitado la ley y ha subrayado la apuesta de la sociedad vasca y de las ONG para luchar contra las desigualdades y por los derechos humanos y la justicia global.

Ha puesto en valor el papel de las ONG vascas que son el motor de la cooperación vasca y seguirán siendo la "punta de lanza" en este ámbito.

La cooperación, ha continuado, forma parte del ADN de los vascos, incumbe a todos y hará posible una gestión más fácil y simplificada de los trámites además de consolidar el compromiso con la provisión de los fondos públicos necesarios.

Todos los partidos, menos Vox, apoyan la ley

Durante el debate, Markel Aranburu (PNV) ha mostrado su agradecimiento a las ONG y ha resaltado del contenido el compromiso de destinar el 0,7 % de los presupuestos vascos a estas políticas y que se regulen las ayudas y subvenciones para simplificar los trámites.

Diana Urrea (EH Bildu) ha recordado el contexto internacional con el auge de la extrema derecha y sus mensajes populistas, ha dicho que hoy más que nunca es necesario reivindicar los principios de la solidaridad, ha denunciado el "genocidio televisado" que están sufriendo los palestinos con la "complicidad" de muchos gobiernos internacionales y ha recalcado que la sociedad no se puede callar.

Miren Gallástegui (PSE) ha destacado que la norma incluye mejores y más ágiles herramientas para cumplir los compromisos y refuerza la tradición solidaria de Euskadi.

Iñigo Martínez Zatón (Elkarrekin Podemos-IU) ha pedido al Gobierno vasco que cumpla con la ley "desde el primer día" y ha dicho que esta norma cobra especial dimensión en un momento en el que se está viviendo la "demolición" del sistema internacional de los derechos humanos y se está produciendo un "genocidio" del pueblo palestino "por parte del Estado sionista de Israel".

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha destacado la larga tradición de los vascos en materia de solidaridad y de cooperación que no hay que perder y ha puesto como ejemplo de ello el apoyo y respaldo de Euskadi hacia el pueblo saharaui, mientras que el único representante de Cs no ha intervenido.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha justificado su voto en contra porque, según ha recordado, su partido de extrema derecha no comparte los objetivos de la Agenda 2030 y porque defiende una regulación estatal de cooperación, en lugar de normas autonómicas, que sea respetuosa "con la soberanía nacional de los países vecinos".