Madrid - Han transcurrido cuatro años desde que la denuncia contra sor María diera comienzo a las primeras investigaciones judiciales por bebés robados en España. Muchas fueron archivadas y cayeron en el olvido hasta ayer, cuando una jueza propuso llevar a juicio al doctor Eduardo Vela.
Fue en 2011 cuando la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir, pidió a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una presunta trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 y 90, dedicada al robo y venta de niños.
Se calcula que podrían ser unos 300.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa, un fenómeno cuyos inicios se remontan a la Guerra Civil y tachado como una de las páginas más negras de la historia contemporánea de nuestro país.
Pero el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido rechazó la apertura de una investigación a nivel estatal y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso, aunque se envío una circular unificando criterios de actuación al respecto. Ahora bien, no fue hasta 2012 cuando la causa de los bebés robados llegó a los juzgados a instancias de la denuncia presentada por María Luisa Torres por el robo de su hija recién nacida, en 1982. Torres acusó a la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, de haberle arrebatado a la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina. Se convirtió en la primera persona a la que un juez abría diligencias por los bebés robados.
Su historia acaparó las portadas de la prensa y otorgó una mayor visibilidad social a la causa. Pero cuando la instrucción avanzaba e iban apareciendo nuevos casos relacionados con la religiosa, sor María falleció. Antes de ello, se había negado a declarar. La muerte de la religiosa supuso un jarro de agua fría para los afectados, que confiaban en que el proceso contra la religiosa marcara un antes y un después en la investigación de los bebés robados. Se agarraban a este caso para impulsar otros más en los tribunales.
Y es que dos son los escollos para investigar. El paso del tiempo y los problemas para hallar a testigos vivos o que recuerden lo que ocurrió, así como la dificultad para acceder a los archivos de la Administración y de los hospitales. Plataformas y asociaciones trabajan incansablemente para identificar a los responsables e, incluso, esta cuestión lleva años en la agenda parlamentaria de los partidos, a quienes los afectados reclaman que actúen para que esta tragedia humana no quede impune.
Al margen de denuncias de particulares, 592 expedientes por bebés robados se han puesto en marcha desde que en 2013 entrara en funcionamiento el servicio de información de esta materia en el que participan Interior, Justicia, Sanidad y Fiscalía General.
