La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, se ha desplazado ya a Madrid para mantener varios encuentros con el Gobierno español y dar un impulso a las transferencias pendientes. Sobre todo, el Gobierno vasco quiere conseguir de inmediato la gestión de las prestaciones del paro. El acuerdo, que dependía de un ministerio de Sumar y no del PSOE, se le resistió el pasado mes de julio en la última gran reunión entre el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez porque surgieron dificultades más políticas que técnicas con Yolanda Díaz, según reveló Ubarretxena. Y, en este empeño, el PNV cuenta con el respaldo de los socialistas vascos que, además, serían los encargados de gestionar esa competencia desde la vicelehendakaritza segunda de Mikel Torres. El líder del PSE, Eneko Andueza, aseguró este martes que no va a faltar la “voluntad” del PSOE en el Gobierno español para cumplir el Estatuto de Gernika, y a Sumar le recordó que los compromisos relativos al traspaso del desempleo se deben cumplir “porque están en un acuerdo de investidura de un Gobierno en el que participan” y con el que, por tanto, supone que estarán de acuerdo, tal y como recalcó en la entrevista concedida a Radio Euskadi.
El socialista Pedro Sánchez se comprometió con el PNV a ceder todas las transferencias del Estatuto de Gernika con el plazo límite de este año. El tira y afloja para cumplir esta ley orgánica ha durado décadas, con independencia de que el Gobierno español de turno fuera del PP o del PSOE e, incluso, con el propio Sánchez se produjeron momentos críticos por las resistencias del entonces ministro Escrivá a ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital, otra materia de la Seguridad Social. Pero ahora las dificultades vienen de Sumar, y el PNV quiere que Sánchez ponga orden. Lo que hizo este martes Andueza fue deslizar que esta cuestión se “solventará”. Y, aprovechando que la díscola ahora es Sumar, reivindicó que “hay partidos que no tienen la cultura política del PSOE y especialmente del PSE, una adhesión inquebrantable al Estatuto de Gernika”. “La voluntad política de quienes estamos en los gobiernos nos invita a cumplir con ese calendario”, dijo. De todos modos, admitió las dificultades y que los traspasos deben llegar con garantías jurídicas y tener dotación presupuestaria y de personal para que haya mimbres para ejercerlas. Cuando le preguntaron si la gestión del régimen económico de la Seguridad Social será transferida a la CAV este año, aseguró que no es muy amigo de las quinielas.
Nuevo estatus y "líneas rojas"
Sobre el nuevo estatus, volvió a rechazar la “unilateralidad”, el “derecho a decidir y la autodeterminación”, y avisó de que el PSE “no va a cruzar determinadas líneas rojas” porque “todo lo que se haga tiene que ser de acuerdo con el Estado” y la legalidad vigente. Tampoco quiso adelantar si habría acuerdo vasco este año y evitó “las prisas”. Sí se pronunció sobre la demanda insistente del PP de la comunidad autónoma, que quiere participar en estos contactos tras haber negado durante años la pertinencia de ampliar el autogobierno. Andueza se declaró partidario de que lo negocien ahora los tres grandes partidos, PNV, EH Bildu y PSE, y los demás tendrán oportunidad de hacer aportaciones en el trámite parlamentario, donde se verá si esas “ansias” respondían a una voluntad real. Sobre el contrato de CAF para el tranvía en Jerusalén, coincidió con Pradales en que se puede dar “una lección ética” si se renuncia a una parte del beneficio económico.
Puente habla de cogestión de aeropuertos
Por otro lado, en puertas de que se constituya la subcomisión para negociar fórmulas de cogobernanza de los aeropuertos vascos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistió en que estas infraestructuras son competencia “exclusiva” del Estado, pero añadió que está “dispuesto a encontrar fórmulas que mejoren la cogestión del conjunto de los aeropuertos”. Lo hizo en respuesta al senador de la Agrupación Herrereña Independiente, Aniceto Armas, que le preguntaba por las pistas vascas y catalanas. Puente recalcó que el 51% de Aena es del Estado, y el 49% cotiza en Bolsa, pero se pueden explorar fórmulas legales