La protesta convocada por el movimiento asindical Ertzainas en lucha el pasado 1 de junio frente al Parlamento Vasco, coincidiendo con una sesión plenaria, provocó asombro y malestar. Por la invasión de las vías del tranvía que llevaron a cabo los concentrados, lo que provocó la paralización del servicio durante una hora, y por la actitud pasiva de los agentes de servicio, que no impidieron esa acción. Ello ha derivado en la apertura de un expediente informativo al nagusi de la Policía vasca en Araba, lo que se traduce en que ha debido informar de lo sucedido. Fuentes consultadas señalaron a este medio que “lo peor fue ver a los ertzainas enfrente aplaudiendo, no se puede actuar así, se está dando un mal ejemplo”.
El colectivo asindical, que reclama la puesta al día del acuerdo regulador de las condiciones laborales y amenaza con perturbar el normal desarrollo del Tour a su paso por Euskadi, tiene intención de dar continuidad a esta protesta y ya ha solicitado permiso para celebrar nuevas manifestaciones los próximos 15, 22 y 29 de junio en Gasteiz, todos ellos jueves, día de celebración de plenos en el Parlamento Vasco.
Pero ahora tendrán la lupa encima y sus movimientos estarán mucho más controlados. En su resolución sobre la petición para realizar estas protestas, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, es explícita al decretar que las mismas deben “facilitar el acceso al interior del Parlamento a toda persona que deba acceder al mismo”. Añade que los manifestantes “deberán abstenerse de usar megafonía y otros instrumentos generadores de ruidos como silbatos, bocinas y otros similares” con el fin de “permitir el normal desarrollo del pleno”.
En su resolución, fechada el pasado jueves, añade que la movilización se desarrollará “de manera que no suponga una interrupción del servicio de tranvía” y el convocante tendrá que atender en todo momento a las indicaciones de los agentes presentes. Incumplir estas disposiciones puede dar lugar incluso a la suspensión de la movilización y a la apertura de un atestado por infringir la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que se remitirá a la autoridad judicial.
