El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha asegurado hoy que la oficina del Servicio Estatal Público de Empleo SEPE en la localidad se encuentra en funcionamiento, y desmiente la denuncia realizada por LAB, que la semana pasada criticó el cierre de estas instalaciones. Iraola pide además en un comunicado “respeto” a los trabajadores que desarrollan su actividad en este centro.
Tras la publicación de una denuncia del sindicato LAB sobre el cese de actividad de la oficina de SEPE en Eibar, el alcalde se puso en contacto, “de manera inmediata” según destaca, con la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, para informarse sobre la situación de este centro. En su conversación, Garmendia le aseguró que el Sepe de Eibar continúa activa y en funcionamiento.
Total normalidad
Por este motivo, ha emitido un comunicado para trasladar “tranquilidad” a la vecindad de la localidad guipuzcoana dado que, según afirma, pueden acudir “con total normalidad” para realizar sus gestiones. En este sentido, el Ayuntamiento de Eibar ha considerado “fundamental” la presencia del SEPE en el municipio “para garantizar los derechos laborales y el acceso a oportunidades de empleo de la ciudadanía”.
El SEPE es el servicio dependiente del Gobierno estatal que tramita las prestaciones por desempleo, coordina políticas de empleo y fomenta la formación laboral. La primera de las funciones es relevante, pues es el SEPE y no Lanbide el organismo encargado de establecer las prestaciones por desempleo a las personas que se quedan sin trabajo, competencia que ahora exige el Gobierno Vasco.
Respeto a la plantilla
Jon Iraola ha pedido “el máximo respeto” a la plantilla de esta oficina porque, según ha añadido, “desempeñan una labor esencial para la ciudadanía y no deben verse cuestionados por informaciones erróneas”. LAB denunció el cierre de unas instalaciones que, informó, “brindaban apoyo a miles de personas en situación de desempleo”. Atribuyó este cese a la falta de dotación de personal que “es, cuando menos, inaceptable para un organismo estatal cuya función es garantizar el bienestar de los ciudadanos de vulnerabilidad laboral”.
