Una técnica del Ararteko ha sostenido este miércoles que la atención que los servicios sociales del Ayuntamiento de Zestoa prestaron a la mujer que, está siendo juzgada en Donostia por coaccionar a su marido para que renunciara a la custodia compartida del hijo de la pareja, "fue incorrecta".
"No fue imparcial y objetiva" porque no resultó "acorde a los estándares jurídicos aplicables en un contexto de violencia" como el que relataba la mujer, ha dicho esta profesional, durante la segunda jornada que se sigue en un Juzgado de lo Penal donostiarra contra esta chica y otras cinco personas, una de ellas el actual alcalde de la localidad, Mikel Arregi (EH Bildu).
El padre del niño les acusa a todos ellos de acosarle para que aceptara las condiciones ofrecidas por su expareja y renunciara a la custodia del hijo que tenían en común tras la ruptura sentimental ocurrida en noviembre de 2016.
A partir de ese momento, el caso trascendió el ámbito familiar para involucrar a parte de esta localidad, de algo menos de 4.000 habitantes, por la que, según la víctima, comenzó a correr el "runruneo" de que era "un maltratador, un alcohólico y un drogadicto" que no era capaz de cuidar a su hijo, si bien nunca ha habido una denuncia o sentencia en su contra por hechos relacionados con la violencia machista.
Grupo de presión
Este hombre, que declaró ayer en la primera sesión de la vista, explicó que se organizaron concentraciones en su contra y que las procesadas crearon un "grupo de presión" que se hacía llamar "escolta social" para acompañar a su exmujer a las entregas y recogidas del hijo en común, un bebé de meses, durante las que recibió insultos y fue grabado en vídeo.
Recordó además que los Servicios Sociales del Ayuntamiento realizaron un informe sobre el caso que "no fue del agrado" de su expareja, y que la asistente recibió presiones para cambiarlo hasta que finalmente cogió la baja "porque no le dejaban hacer su trabajo" y más adelante dejó la plaza.
Este informe municipal ha centrado el interés de la segunda jornada del juicio, en el que este miércoles han comparecido los testigos de la defensa. Una de ellos esta técnica de la oficina del Ararteko, quien ha recordado que la madre del niño presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Vasco porque consideraba que el citado documento era "parcial" y "no objetivo" ya que no recogía su relato completo y "omitía datos muy relevantes".
La testigo ha recordado también cómo la mujer le contó que sufría una situación "estructural de violencia psicológica", que estaba "atemorizada y destruida" y no quería formular una denuncia penal porque tenía miedo por ella y por su hijo.
En este contexto, la técnico solicitó la información pertinente al Ayuntamiento de Zestoa, tras lo que el Ararteko concluyó que efectivamente no había habido "imparcialidad" en el citado informe, dado que el padre era trabajador del consistorio al igual que quienes elaboraron el documento, y también porque la abogada de este hombre había asesorado a los servicios sociales y además se había producido un "trasvase de información" entre este área y la letrada.
Un contexto en el que, en su opinión, el caso debería haber sido derivado a los servicios sociales de la Diputación de Gipuzkoa o del Ayuntamiento de Donostia mediante un procedimiento de urgencia.
Miedo a denunciar
Esta especialista ha admitido además que la inexistencia de una denuncia en este tipo de asuntos resulta "relevante", si bien ha recordado que en muchos casos las mujeres tienen miedo a denunciar.
En esta misma sesión ha testificado una trabajadora del sindicato ELA, amiga de la madre del niño, quien ha relatado que ella fue la encargada de convocar una concentración silenciosa de apoyo a esta acusada ante los juzgados de Azpeitia, mientras que otra testigo, miembro del Txoko Feminista de Zestoa, ha comentado que esta plataforma convocó otras dos concentraciones, en 2017 y 2018, la primera de ello contra la violencia de género con carácter general, y la segunda en apoyo a los acusados en este procedimiento.
En la sesión del juicio celebrada hoy, también han comparecido un representante del PNV en la comisión municipal de Bienestar de Zestoa y el secretario de este Ayuntamiento. La vista continuará este jueves con la declaración de los seis acusados.
