El Consejo de Estado belga volvió a tratar ayer la polémica suscitada tras la decisión del operador SNCB de nombrar socio preferente a CAF en el contrato de suministro de trenes para renovar su flota, que en una primera fase contempla la entrega de 180 unidades por 1.695 millones de euros con opción a ampliarse. Si el martes fue la cámara de habla francesa donde se abordó el recurso de Alstom, ayer fue la de habla holandesa la que trató el recurso de Siemens Mobility, con idéntico resultado. El auditor recomienda al alto tribunal administrativo desestimar este recurso, como ya lo hizo con el del Alstom.
Este consejo acerca mucho más a CAF a resultar adjudicatario del considerado Contrato del Siglo en Bélgica, puesto que su materialización total significaría entregar 600 unidades por un presupuesto cercano a los 3.400 millones de euros, aunque para lograrlo todavía son necesarios varios trámites. Uno de los más urgentes es conocer la resolución final del Consejo de Estado sobre los recursos de Alstom y Siemens Mobility que, según las previsiones que manejan los medios de comunicación belga, podría conocerse la próxima semana.
Un contrato más cercano
En este sentido, cabe recordar que en el sistema de justicia administrativa belga la opinión de los auditores suelen ser compartidas por los jueces que se encargan del caso, por lo que crecen las posibilidades de que estos recursos no prosperen. Si finalmente el Consejo de Estado avala el procedimiento desarrollado por el operador SNCB, CAF se mantendría como socio preferente, lo que no significa una adjudicación definitiva, sino que las conversaciones entre el operador belga y el fabricante de Beasain proseguirían para alcanzar un acuerdo final que se refleje en un contrato. Por último, el medio Aktualnosci recuerda que tanto Alstom como Siemens Mobility tienen opciones de realizar nuevos pasos legales.
La presentación de recursos por parte de los competidores que no han obtenido un contrato no es un hecho puntual en el mercado ferroviario, pero en Bélgica el caso se ha enconado por la fuerte oposición sobre todo de Alstom. Sus argumentos se fundamentan en que su oferta era 107 millones más barata y garantizaba el empleo local, dado que el fabricante francés dispone de dos plantas en las localidades belgas de Brujas, donde trabajan alrededor de 800 personas, y Charleroi, con una plantilla cercana a los 1.300 profesionales. De hecho, el comité de empresa de la primera también ejerció una fuerte presión, puesto que su carga de trabajo finaliza el próximo año y un contrato de estas características aseguraría su continuidad durante años.
Oposición
Varias organizaciones sindicales estatales se unieron al rechazo a CAF como socio preferente, como también desde instancias políticas se coaccionó para anular esta decisión, pese a que en el consejo de administración de SNCB está representado todo el espectro político. Este clima adverso se vio agudizado con la intervención de cuatro ONG que introdujeron un nuevo argumento al recordar la participación de CAF en el proyecto de metro ligero de Jerusalén, lo que les llevó a acusar al fabricante guipuzcoano de implicación en “el genocidio”. En este sentido, el auditor ya consideró “inadmisible” su intervención en la sesión del martes en la cámara de habla francesa, al recordar que no son una parte relacionada con el caso.
La presión ejercida desde diversos ámbitos, sin embargo, no han influido en el criterio del auditor que, basándose en los aspectos técnicos y jurídicos, considera que la decisión de SNCB se atiene a la normativa y se ha adoptado con total transparencia.
