El auditor del Consejo de Estado belga ha recomendado rechazar el recurso de Alstom contra la decisión del operador SNCB de considerar a CAF socio preferente para la adjudicación del Contrato del Siglo que contempla la entrega inicial de alrededor de 180 unidades con un presupuesto de 1.695 millones de euros que podrían ampliarse a 600 unidades por 3.400 millones. La recomendación del auditor, que no es vinculante aunque el Consejo de Estado suele seguirla, ha dado por finalizada la sesión celebrada en la Cámara Sexta del más alto tribunal administrativo del país.
Tres asesores de este organismo han escuchado hoy los argumentos de los representantes de Alstom para justificar su recurso contra la decisión de SNCB de nombrar socio preferente a CAF para el megacontrato de suministro de trenes, que ha reiterado su rechazo al alegar falta de transparencia en la contratación, extremo que no ha observado el auditor, quien ha defendido que los métodos de análisis de SNCB parecían sostenerse y no revelaban errores flagrantes de apreciación en los análisis de las ganancias y pérdidas de capital de la solicitud presentada por Alstom. En los próximos días, el Consejo de Estado emitirá un dictamen sobre este recurso.
También se conocerá el pronunciamiento del mismo tribunal, esta vez por parte de la cámara flamenca del Consejo de Estado, sobre el recurso que ha interpuesto otro de los competidores en la liza por obtener el Contrato del Siglo, Siemens Mobility, cuyo caso se abordará mañana. El proceso ha estado rodeado en todo momento por polémicas diversas, dado que además de las razones puramente técnicas aducidas por Alstom, quien sostiene que su oferta es más barata y garantiza el empleo local, han surgido otro tipo de argumentos en contra de CAF, como el esgrimido por cuatro ONG que han exigido al Consejo de Estado que paralice la decisión de SNCB por la, según defienden, implicación de CAF en la guerra de Israel contra Gaza.
Proyectos en Israel
Señalan que la empresa ferroviaria guipuzcoana ha construido y mantiene la Línea Roja del metro ligero y construye la Línea Verde, proyectos que tal y como afirman llegan a territorios ocupados y favorecen la colonización de zonas de Palestina. Así lo han reiterado frente a la sede del Consejo de Estado una hora y media antes de que se iniciara la sesión, en una concentración en la que también han participado delegaciones de los sindicatos ACV Metea y ABVV Metaal de Brujas, que han reivindicado que el contrato priorice la creación de empleo local. La intervención de las ONG en la reunión ha sido calificada de "inadmisible" por el auditor, al afirmar que no son elegibles para un procedimiento de contratación pública.
El pasado mes de febrero, el operador SNCB anunció su decisión de nombrar socio preferente a CAF para la adjudicación de un contrato de suministro de trenes que en una primera fase contempla la entrega de 180 unidades con un presupuesto de 1.695 millones de euros, ampliable hasta 600 trenes por 3.400 millones con el objetivo de renovar su flota hasta 2032. Los dos principales competidores, Alstom y Siemens Mobility, recurrieron esta resolución en una respuesta que suele ser habitual en este tipo de grandes contratos, pero que en este caso ha generado una fuerte polémica.
Beligerancia de Alstom
Alstom la ha protagonizado de manera especial. Sus principales argumentos para oponerse fueron que su oferta era 107 millones más barata y que garantizaba el empleo local, dado que dispone de dos plantas en las localidades belgas de Brujas, donde trabaja una plantilla de alrededor de 700 personas, y Charleroi, con una plantilla cercana a las 1.200 personas. El caso fue tratado por el Consejo de Estado belga, que el pasado mes de abril suspendió la consideración de socio preferente a CAF al considerar que existía una falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
En la reunión mantenida en julio por el consejo de administración de SNCB, el operador se reafirmó en la decisión tomada en febrero y mantuvo a la empresa de Beasain como primera opción para oficializar el contrato con nuevos estudios que incluso ampliaban la diferencia de puntos entre CAF y Alstom. Eso sí, pedía al grupo guipuzcoano que considerara emplear “proveedores de servicios locales”, predisposición que había avanzado el consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, y se comprometió a solicitar a CAF “confirmación de que sus actividades cumplen con el derecho internacional y los derechos humanos”.
