La familia de Santi Coca deja en manos de la Fiscalía la acusación en el próximo juicio con jurado
La familia desiste de continuar ejerciendo la acusación particular en este proceso
La familia de Santi Coca ha decidido dejar en manos de la Fiscalía y de la acción popular, que ejerce el Ayuntamiento de San Sebastián, las labores de acusación en el próximojuicio con jurado que tendrá lugar el próximo noviembre en la Audiencia de Gipuzkoa contra el único acusado de la muerte de su allegado.
En un documento al que ha tenido acceso Efe, la familia del menor de 17 años, muerto en el hospital días después de recibir una paliza en el exterior de una discoteca donostiarra el 26 de abril de 2019, desiste de continuar ejerciendo la acusación particular en este proceso.
Decisión de la familia
Una decisión que, según detalla el texto, "se debe al cansancio de toda la familia por un procedimiento tan largo y doloroso, confiando plenamente en que el Ministerio Fiscal y la acción popular ejercerán la acusación contra el único acusado para que se haga justicia".
La vista contra el joven acusado de la muerte del menor Santi Coca que huyó a Francia y no pudo ser juzgado junto al resto de procesados en este caso tendrá lugar el próximo mes de noviembre.
20 años de cárcel
Este joven se enfrenta a una petición de cárcel de 20 años de prisión por participar presuntamente en la paliza que varias personas propinaron a Santi Coca, que residía entre Donostia y Reocín (Cantabria).
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El primer juicio con jurado por estos hechos se celebró contra cinco acusados, en ausencia del fugitivo, entre noviembre y diciembre de 2023 en la Audiencia de Gipuzkoa.
Absolución de cuatro acusados
La vista se saldó con la absolución de cuatro de ellos y la condena del restante a tres años y medio de cárcel por homicidio imprudente con la atenuante de intoxicación etílica.
En este juicio no estuvo presente el sexto procesado, de 24 años, quien huyó antes de la vista, en la que se iba a enfrentar una petición de veinte años de cárcel, y no fue capturado hasta el pasado 27 de febrero en la localidad francesa de Draguignan, próxima a Cannes.
Tras ser entregado a España por las autoridades francesas el pasado 21 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid dictó su ingreso en prisión provisional sin fianza ratificado luego por la Audiencia de Gipuzkoa.