957 guipuzcoanos sustituyeron sus penas de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad en 2024

Con el objetivo de impulsar una labor más formativa y educativa, la justicia vasca contempla la posibilidad de sustituir penas de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad en caso de delitos no graves. Gracias a esta posibilidad, el pasado año se acogieron 957 guipuzcoanos que sumaban un total de 1.261 infracciones, la mayoría de ellas por violencia de género y por delitos contra la seguridad vial.

Aunque en un principio podría parecer que presos realizando trabajos a la comunidad pudiese ser algo externo a Euskadi, más propio de sistemas carcelarios de fuera como el estadounidense, lo cierto es que en torno a mil guipuzcoanos se acogen cada año a este práctica. Así lo indican desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, revelando que la cifra en Gipuzkoa descendió el pasado año en comparación con el curso anterior, cuando hubo 1.189 personas.

Varios de los guipuzcoanos que sustituyeron sus penas por trabajos en 2024 acumulaban más de un delito, siendo los más habituales los relacionados con la violencia de género, un total de 422 veces. En segundo lugar se hallaron los delitos contrala seguridad vial (311), seguidos de las amenazas (188), las coacciones (131), torturas y otros delitos contra la integridad moral (91) e injurias (74).

La mayoría de estas personas, además, fueron hombres, ya que hasta 863 varones sustituyeron el pasado año sus penas por trabajos en beneficio de la comunidad frente a 94 mujeres. En cuanto a la edad, la mayoría tenían entre 31 y 40 años (251), seguidos por los de 18 a 30 años (240), los de 41 a 50 años (234) y los de 51 a 60 años (119).

Trabajos formativos y educativos

Para que una persona condenada pueda sustituir sus penas de cárcel, es el juez, mediante una orden judicial, quien debe proponerlo y posteriormente, normalmente, es el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Departamento, que dirige la consejera María Jesús San José, quien hace la propuesta concreta.

Sobre el tipo de trabajos, en los últimos años ha habido una evolución, ya que se ha pasado a labores de actividades socio-educativas relacionadas con la naturaleza del delito que han cometido, sobre todo, en los referidos a la seguridad vial o a la violencia de género, los más repetidos. Aún así, también se contemplan otros trabajos, como, por ejemplo, la limpieza de instalaciones deportivas, o se ponen en disponibilidad de las necesidades de los ayuntamientos o de la Diputación.

Según indican desde el Departamento de Justicia, aunque legislativamente no ha habido ningún cambio reciente, sí se ha reforzado el servicio al entenderse que este tipo de penas tienen mayor valor si son formativas y educativas. Para ello, se ha ampliado el personal que lo atiende.

“Para que este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad se puedan poner en práctica es indispensable contar con el apoyo de las políticas públicas en el ámbito local, especialmente con la colaboración de los ayuntamientos”, recuerda el director de Justicia, Chema Bastos, señalando que estos trabajos permiten aunar un carácter reparador y socioeducativo.