Su madre solía contarle de pequeña que no tenía sus verdaderos apellidos. Que sólo el primero, es decir, el segundo de ella, era auténtico. Los demás provenían de la familia que adoptó a su bisabuelo. “Eso me creó una curiosidad enorme que dura hasta hoy”, reconoce a este periódico Sara Etxart, una vecina de Donostia a la que la Diputación de Gipuzkoa ha negado en dos ocasiones acceder a los datos de Tomás, su bisabuelo. Un caso sobre el cual se ha pronunciado esta semana el Ararteko, pidiendo que se facilite esa información.
Ella sabe que existe un expediente personal de cuatro páginas. Tan sólo le gustaría poder leerlo. Un cáncer se llevó a su madre en 2015. Se fue sin conocer muy bien su propia historia. Desde entonces su hija muestra un interés creciente por desempolvar el pasado familiar. Su investigación comienza en 2020, dos años antes de que falleciera su abuelo materno, a quien Sara le preguntaba insistentemente qué sabía sobre Tomás. “Sabía que su padre había sido entregado en la beneficencia, pero poco más. Había mucho tabú en aquella época. No tenía muy claro lo que había sucedido”, rememora esta donostiarra de 38 años, inmersa en una investigación con la que mantiene viva la memoria los familiares que ya partieron.
"En 1882 lo normal era que los niños expósitos tuvieran el apellido de la ciudad misma, en este caso, San Sebastián. Pero Lamarca no era un apellido muy común, y eso despertó en mi familia un sinfín de interrogantes"
En esa búsqueda de información, dio con la partida de nacimiento de su bisabuelo, en la que puede leerse: “El juez acordó se procediera a una inscripción en el libro de nacimiento bajo el nombre y apellido de Tomás Lamarca”. Según consta en el registro, la criatura recién nacida fue entregada a las 21.30 horas del 6 de marzo de 1882 en la Casa Misericordia del barrio donostiarra de Egia (antes de Atocha), una institución benéfica de la época que recogía niños expósitos, como Tomás. Justo donde hoy se levanta el polideportivo Zuhaizti.
"Lamarca no era un apellido muy común"
“En 1882 lo normal era que los niños expósitos tuvieran el apellido de la ciudad misma, en este caso, San Sebastián. Pero Lamarca no era un apellido muy común, y eso despertó en mi familia un sinfín de interrogantes”, reconoce la investigadora. ¿Era el verdadero apellido del padre de Tomás? ¿Era el de la madre?
Su bisabuelo, según ha podido conocer, apenas permaneció en la Casa Misericordia. El bebé enseguida fue entregado a una nodriza que lo amamantó hasta los ocho años. El prohijamiento, como se llamaba a la institución jurídica de entonces, no le otorgaba derechos como al resto de hijos de aquella mujer. “Lo acogieron en el caserío Zamarra de Ametzagaina, de los pocos de aquella época que siguen en pie hoy en día. Al parecer, se quedaron con el niño. Existía la posibilidad de devolverlo pero las familias querían el dinero que la Diputación daba mensualmente por amamantar a la criatura. La tutela seguía correspondiendo a la Diputación, y muchas familias rurales de entonces encontraban en la crianza un incentivo económico”, explica la bisnieta de Tomás.
Despertando a la realidad: el enfado de Tomás haciendo la 'mili'
Pero más allá del dinero, en ocasiones, se encariñaban con las criaturas, como ocurrió con su bisabuelo. A Sara le consta que le quisieron como a uno más, aunque con el tiempo surgieron los problemas. “Según me contó mi abuelo, Tomás se enteró haciendo la mili, ya con veinte años, que no era hijo biológico de la familia. Se enfadó muchísimo y llegó a romper la relación. Al parecer, posteriormente la retomó. Yo me pasé meses, sin éxito, buscando su expediente militar”, reconoce Etxart.
En ese contexto contactó con la historiadora Lola Valverde, autora del libro Entre el deshonor y la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra, siglos XVIII y XIX”. También se puso en contacto con Eva García, que había publicado Mujeres de barro, infancias de cristal, una investigación sobre la Casa Cuna de Fraisoro.
Ambas le explicaron que era “muy frecuente” lo que le había ocurrido a su bisabuelo. Muchas personas como Tomás despertaban a la verdadera trastienda de su pasado cuando iban a cumplir con el servicio militar, o se casaban, y tenían que entregar la partida de nacimiento.
La conversación que mantuvo Etxart con la historiadora Valverde supuso una ayuda inestimable. “Fue ella quien me animó a contactar con el servicio de Acogimiento familiar y Políticas Sociales de Gipuzkoa, situado en Intxaurrondo. Y aquí es donde empieza la historia. Cuando contacto con este departamento y me entero de que existe un expediente personal de cuatro páginas sobre mi bisabuelo Tomás”, desvela la donostiarra: “Yo sólo pido verlo”.
Los apellidos prestados del caserío
Los padres de Sara siempre le habían dicho a su hija que no tenían sus apellidos reales. El único real es Lamarca, “el resto son los que nos dejaron los del caserío, que tampoco son legalmente nuestros”.
Esa es una de las razones por las que quiere investigar qué ocurrió. El 29 de septiembre de 2022 Etxart acudió a la sede de la Diputación en la Plaza de Gipuzkoa de Donostia. Allí redactó su petición y entregó la fotocopia de su DNI para que constara junto con la carta, “un documento que más tarde me volvieron a pedir y que por alguna razón destacan en la resolución como si fuera un error mío”.
Según relata, al cabo de mes y medio le escribieron desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales para que cumplimentara la solicitud y adjuntara, entre otros, la documentación que demostraba el vínculo de parentesco entre su bisabuelo y ella. “Llamé por teléfono expresamente para saber cuál era dicha documentación. Fue un proceso largo y farragoso”, rememora.
El 5 de diciembre le dieron la primera negativa. Lo hacían con los siguientes términos: “no haber acreditado interés legítimo suficiente para ser considerada interesada en el procedimiento administrativo”. Ella no lo entiende. “¿Cómo que no tengo interés legítimo? Si yo, siendo bisnieta, no tengo interés legítimo, ¿quién lo va a tener?”, se pregunta.
Está convencida de que se está aplicando “una ley muy restrictiva que tiene que ver con los niños adoptados. Entiendo que estamos hablando de información muy sensible que está bajo una protección de datos muy potente, pero no es el caso de mi bisabuelo, que nació hace 140 años, con todos sus hijos fallecidos”, argumenta ella, que le dieron la posibilidad de alegar. Lo hizo el 26 de ese mismo mes. Hasta febrero de 2023 no obtuvo la resolución definitiva, también negativa.
"Aunque no tenía que haberlo dejado, lo dejé"
Le comunicaron que tenía la opción de presentar un recurso de alzada, pero un abogado cercano a la familia le aconsejó que lo dejara, que el caso no tenía buena pinta. “Me llevé un disgusto tremendo, y aunque no tenía que haberlo dejado, lo dejé. La verdad es que las trabajadoras de la Diputación me atendieron muy bien, pero el problema lo he tenido con quien ha decidido que no pueda ver ese expediente de cuatro páginas de mi bisabuelo. No es que quiera llevarme una copia. Simplemente quiero ver lo que pone”, insiste ella, que no ha dejado de investigar.
Durante sus pesquisas conoció a otro letrado -catalán, y también de apellido Lamarca- que le dijo que tenía todo el derecho del mundo a pedir esa información. Le habló del "expediente de jurisdicción voluntaria" y le aseguró que el derecho estaba reconocido en el artículo 84 de la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia.
Por esta razón se animó a intentarlo de nuevo. Así lo hizo el pasado 19 de junio. El 4 de julio recibió la segunda negativa, “pero en ella no hay ni rastro de mi consulta acerca del expediente de jurisdicción voluntaria, ni tampoco sobre el artículo 84 de la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia”.
Llamando a las puertas del Ararteko
Fue entonces cuando decidió acudir al Ararteko, quien le indicó que no era el único caso. “El Ararteko me ha tratado estupendamente y ha sido un alivio que me pudieran dar soporte jurídico y legal porque yo me pierdo en este tipo de discursos técnicos. La Diputación ni siquiera te explica qué significa interés legítimo. Me dio aún más rabia saber que no era el único caso. Me contaron que estaban tramitando desde hacía un año una queja similar y que había sido especialmente doloroso para la mujer que había presentado su caso. Se trataba de su padre (ya fallecido) que también fue abandonado en 1922 (hace más de 100 años). En este caso, le permitieron ver el expediente, pero le retiraron la página donde ponía quién era su abuela”, relata Etxart.
El Ararteko, según se ha conocido esta semana, ha pedido a la Diputación que garantice el acceso a esa información. Entre sus consideraciones recoge que la normativa autonómica y estatal establece que, cuando han pasado más de 50 años desde la creación del documento o más de 25 años desde el fallecimiento de la persona afectada, “los documentos deben ser accesibles sin necesidad de acreditar un interés legítimo específico, ya que el valor histórico del documento prima sobre otras consideraciones”.
El Ararteko señala que, transcurrido el tiempo, “los documentos deben ser accesibles sin necesidad de acreditar un interés legítimo específico, ya que el valor histórico del documento prima sobre otras consideraciones”
Por lo tanto, según señala el Defensor del Pueblo Vasco, el acceso a documentos de más de 140 años de antigüedad -de 100 como es el otro caso-, “no debería regirse por la normativa de acceso a expedientes administrativos en vigor, como defiende la diputación foral, ni por la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia del País Vasco”, sino por la normativa de archivos y patrimonio documental, que establece un marco normativo distinto.
Plantea además que la custodia de esos documentos podría no corresponder ya al departamento de Cuidados y Políticas Sociales sino que tenía que haber sido transferida al archivo histórico competente, cuya gestión recaería en el Departamento de Cultura.
Entretanto, la familia de Sara pide que se tramite la solicitud de acuerdo con el derecho de acceso a documentos de titularidad pública integrantes del patrimonio documental de Euskadi. “Estamos hablando de algo que sucedió a finales del siglo XIX. ¿Qué hace ese documento en el Departamento de Políticas Sociales? Esa información debería estar en otro departamento, como es el de Cultura, donde se guardan los documentos de interés histórico, aquellos que la ciudadanía debería poder ver. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ciudadanos no controlamos el lenguaje técnico y toda esta serie de procedimientos judiciales. Muchas veces estas cosas te desmoralizan", reconoce la bisnieta de Tomás Lamarca.
