El Ararteko pide que se aplique la normativa sobre patrimonio documental para obtener información histórica de antepasados después de que la Diputación de Gipuzkoa haya negado dos veces a una mujer acceder a datos sobre su bisabuelo, nacido en el siglo XIX y acogido en una institución benéfica.
Según informa el Defensor del Pueblo Vasco en una nota, la primera petición cursada en 2023 por esta ciudadana fue rechazada por no cumplir los requisitos previstos en la normativa sobre acceso a los orígenes biológicos.
En una segunda solicitud, la interesada alegó un interés legítimo y se apoyó en un artículo de la derogada Ley de Atención y Protección a la Infancia.
Queja recibida
El Ararteko ha explicado que la Diputación de Gipuzkoa volvió a denegar el acceso, esta vez mediante una comunicación sin forma de resolución ni indicación de recursos.
A raíz de la queja recibida, el Defensor del Pueblo Vasco solicitó información a la institución foral anticipando los argumentos expuestos en una resolución dictada en un caso análogo.
La Diputación reiteró que no concurrían novedades normativas o fácticas que justificaran un nuevo pronunciamiento y mantuvo que la normativa sobre acceso a los orígenes biológicos seguía sin resultar aplicable.
Entre sus argumentos destacó además que la nueva Ley 2/2024, aunque aún no en vigor en la fecha de la solicitud, confirmaría que este derecho corresponde únicamente a las personas adoptadas, no a sus descendientes como era el caso.
Más de 140 años
Sin embargo, el Ararteko considera que esta solicitud debía tramitarse conforme a un marco normativo distinto como es la normativa sobre patrimonio documental dado que la documentación fue generada hace más de 140 años.
Además, plantea que la custodia de estos documentos podría no corresponder ya al departamento de Cuidados y Políticas Sociales sino que tenía que haber sido transferida al archivo histórico competente, cuya gestión recaería en el Departamento de Cultura, de acuerdo con el ciclo de vida documental previsto en la normativa foral.
En este sentido, sugiere valorar la intervención de la Comisión Foral de Evaluación y Selección de Documentación para determinar si procede su conservación permanente o su eliminación, en función de su valor histórico.
