La Fundación Hurkoa detecta cada mes al menos un caso de apropiación indebida de ingresos económicos de personas mayores de Gipuzkoa en situación de vulnerabilidad. Por lo general las alarmas saltan cuando la víctima ocupa plaza en un centro residencial y comienza a acumular una deuda por impagos sin ser consciente de todo ello. La razón, los desvíos de dinero para usos personales que hacen terceras personas, bien familiares o conocidos, que gestionan esos ingresos. “Son situaciones que se repiten con cierta frecuencia”, reconoce Susana Montesino, directora del área de medidas de apoyo de Hurkoa.
En la medida en que avanza el deterioro cognitivo y esa persona mayor va perdiendo facultades mentales, "siempre hay alguien alrededor", asegura, que trata de aprovecharse. Este tipo de explotación económica es una forma de abuso que a menudo pasa desapercibida, pero que estos días vuelve a cobrar actualidad tras conocerse la petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa para un hombre al que se le imputa un delito continuado de apropiación indebida por presuntamente quedarse con un total de 103.300 euros de dos familiares ancianas que lo autorizaron para operar con sus cuentas bancarias.
Las víctimas, hermanas y una de las cuales ya ha fallecido, tenían 82 y 76 años, y otorgaron su autorización al procesado, "dada la confianza que tenían en él por ser familiar de ambas", según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.
El imputado habría utilizado después ese dinero para realizar obras en su domicilio y comprarse un coche nuevo, entre otros gastos, sin llegar a restituir ese dinero. Un caso que refleja la extraordinaria vulnerabilidad de un colectivo que puede llegar a sufrir explotación económica o malos tratos domésticos. Una realidad que este periódico ha querido conocer más de cerca de la mano de Hurkoa, entidad que ofrece en este ámbito "medidas de apoyo, que no tutela", como se ha venido reconociendo históricamente.
Cambio legal
El cambio llegó tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que modificó completamente el anterior sistema basado "en la incapacitación de la persona". Ahora, según explican desde la entidad guipuzcoana, la ley establece un sistema de apoyos en todos aquellos aspectos concretos en los que la persona lo precise, como puede ocurrir ante el caso de un maltrato financiero en el que el autor del delito se aprovecha de una relación de confianza con la víctima para engañarla o estafarla.
El abuso puede ir desde falsificar su firma para determinados documentos hasta coaccionarle para que modifique su testamento u otros certificados jurídicos. Ante este tipo de situaciones, se antojan necesarias medidas de apoyo, que en principio son de carácter voluntario, y que se pueden adoptar judicialmente cuando la persona no cuenta con plena capacidad para hacerlo.
Es lo que se conoce como curatela, sistema de protección en el que interviene Hurkoa, una organización sin ánimo de lucro creada por iniciativa de Cáritas Diocesana de Donostia en 1990. La entidad cuenta ya con una experiencia de más de tres décadas ofreciendo nuevas respuestas a las necesidades sociales.
"Si este tipo de casos de abuso económico llega hasta nosotros es porque la gestión de ese dinero no se está realizando de la manera adecuada, y siempre hay alguien que está haciendo un uso de los recursos en su propio beneficio"
"Si este tipo de casos de abuso económico llega hasta nosotros es porque la gestión de ese dinero no se está realizando de la manera adecuada, y siempre hay alguien que está haciendo un uso de los recursos en su propio beneficio", confiesa Montesino. El abuso económico es el desencadenante que lleva a plantear la necesidad de esa medida de apoyo.
Los expedientes llegan a Hurkoa a través de la Diputación, que a su vez recibe notificaciones desde los servicios sociales municipales, centros residenciales y sanitarios. El Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación tiene firmados dos contratos-programa, con la propia Fundación Hurkoa y Gertuan Fundazioa, las dos entidades que asumen este tipo de labor en el territorio. Hurkoa interviene cuando se trata de personas mayores o con enfermedad mental. Gertuan asume los casos de discapacidad intelectual.
Fase de valoración
"Una vez que nos llega el caso abrimos una fase de valoración. Con la información que nos remite Diputación nos acercamos a conocer de primera mano la realidad de esa persona. Contactamos con los profesionales que le están atendiendo para que nos aporten información. También con los familiares, si los hay, tanto con los que están dispuestos a colaborar como con quienes puedan estar generando algún tipo de dificultad en la gestión económica”, explica Montesino.
“Lo primero es plantearse si, efectivamente, las dificultades que tiene esa persona requieren de una medida de apoyo judicial para su solución. Si vemos que hay posibilidad de resolver la situación de otra manera, lo intentamos. Si todo pasa por una medida judicial, es necesario plantearse detenidamente en qué se concreta", subraya la directora del área de medidas de apoyo de Hurkoa.
Cuando existen indicios razonables de que se está produciendo un abuso económico, además de iniciarse el procedimiento para prestar el apoyo necesario, Hurkoa también cursa la solicitud para que se adopten medidas cautelares. El objetivo es poder atajar cuanto antes las consecuencias, aunque el dinero no siempre desaparece por el aprovechamiento de terceras personas. A manos de la entidad también llegan expedientes en los que se hace patente la mala gestión de la propia persona afectada cuando, por ejemplo, hay una adicción de por medio que provoca que atienda más a los impulsos que a las necesidades básicas.
La Fundación también ha atendido a personas mayores que contraen microcréditos, cuya concesión se materializa con una llamada telefónica. En esta serie de casos, los recursos económicos comienzan a menguar de un modo alarmante debido al pago de cuotas. ¿Por qué se solicitan esos microcréditos? “Es algo que muchas veces no se llega a saber. Es complejo determinar si ha habido una tercera persona en su nombre, y para qué se ha utilizado ese dinero", confiesa Montesino. La propia discapacidad que justifica las medidas de apoyo provoca que muchas veces esa misma persona se vea limitada a la hora de ofrecer explicaciones.
Autorizaciones para el uso de cuenta bancaria
“Hay también quienes están de autorizados y, en ocasiones, hasta son cotitulares de la cuenta corriente, o tienen un poder notarial que les permite administrar. Otras veces es mucho más simple: disponen de la tarjeta bancaria con el PIN, pero nuevamente es complicado determinar cómo se ha llegado a esa situación, porque hay autorizaciones que se realizaron cuando la víctima se encontraba bien cognitivamente, y en cambio ahora es una tercera persona la que ha comenzado a aprovecharse de la situación en la medida en que ha avanzado el deterioro cognitivo. Las situaciones son muy diversas”, reconoce la directora del área de medidas de apoyo de Hurkoa.
"Es complejo determinar si ha habido una tercera persona en su nombre, y para qué se ha utilizado ese dinero"
Son muy pocos los casos que acaban en los tribunales porque no resulta fácil de demostrar los hechos. “Cuando entramos en escena a lo mejor han transcurrido ya dos años desde que ocurrió, y no es sencillo saber cómo estaba a nivel cognitivo la persona afectada”, subrayan desde la entidad.
Además, según subrayan desde la entidad, en ocasiones el abuso se produce en un contexto peculiar. Así sucede cuando la persona mayor que ingresa en un centro residencial convivía hasta ese momento con otros familiares que dependían económicamente de ella. En la medida en que abandona el hogar para ser atendida por su situación de dependencia, pasa a destinar sus recursos al pago de la residencia, ante lo cual la unidad familiar se ve resentida, “y sigue haciendo uso de la pensión”.
Así, las personas que permanecen en el domicilio, que atraviesan sus propias dificultades económicas, se quedan “en esa especie de inmovilidad por falta de iniciativa, o por pura comodidad, con la idea de seguir tirando de la cuenta”, al entender que por ocupar una plaza pública de una residencia le van a atender del mismo modo. "Sin pensar que lo que no paga el residente lo acabamos pagando todos", subraya la profesional.
