Cada vez son más las viudas del amianto que, tras superar muchos obstáculos, logran que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les reconozca las prestaciones económicas derivadas de enfermedad profesional, es decir, reconocer que la muerte de su compañero no fue debida a una enfermedad común, sino a una enfermedad profesional que diferentes instituciones trataron de ocultar. 

Para colmo, se encuentran con un nuevo recorte en la paga de seis mensualidades por muerte y supervivencia, en tanto se les aplica una base reguladora previa a la utilizada para el calculo de la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional. Las diferencias derivadas de dicho calculo suponen un detrimento de varios miles de euros.

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Presentadas las reclamaciones previas, el INSS no vacila en obligarlas a acudir a la vía judicial para defender las prestaciones que les corresponden. Pese a varias sentencias favorables a la prestación, el INSS continúa aplicando su criterio, esperando que una sentencia no les obligue a pagar la prestación legal. Que desde el INSS estén tratando de aplicar un criterio restrictivo de la prestación económica, sin validez jurídica, en detrimento de las viudas, supone una nueva burla a las víctimas que no podemos aceptar.

*Miembro de ASVIAMIE