La huelga en el matadero de Tolosa es relevante a nivel sectorial, pese a contar con una plantilla corta, ya que Gipuzkoa cuenta con cuatro centros autorizados para el sacrificio de ganado. Todos ellos con estructuras societarias diferentes: dos son cooperativas (Zestoa-Urkaiko y Martutene-Mafrido). La primera fue fruto de una iniciativa por parte de ganaderos de la zona; y la segunda se reconvirtió en cooperativa después de que sus trabajadores decidiesen participar en su capital.
El de Oñati, por su parte, es una asociación pública de carácter comercial participada por 12 ayuntamientos de Urola Garaia y Debagoiena, junto con el Ayuntamiento alavés de Aramaio. Y luego está el de Tolosa, con una mancomunidad que sacó a concurso la concesión para 40 años y tras el fiasco actual no sabe qué fórmula adoptar a futuro: si otra concesión, o una gestión más directa. Los cuatro mataderos soportan tensiones.
El presidente de la mancomunidad responsable del matadero de Tolosa tiene claro que la “situación actual es consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo en Europa”, que ha desembocado en una drástica “reducción de productores de carne” y, en consecuencia, “una menor producción” que ha puesto en jaque la viabilidad económica de muchos mataderos. La ecuación es sencilla: menos ganado, menos actividad para un matadero.
Y al final, asegura Aitor Usandizaga, “el dinero público resulta necesario” para mantener lo que Usandizaga considera un servicio “fundamental”: “Si queremos carne de cercanía en nuestros establecimientos, es necesario el matadero”.
La "reflexión" de 2022
“Esa reflexión está hecha”. Pero no fue tan sencillo. Usandizaga reconoce que alrededor de esto ha habido cierto debate en varios ayuntamientos. Pero un informe encargado y elaborado en 2022 por la propia mancomunidad para determinar qué impacto tenía una instalación como esta en los baserritarras y carnicerías de la zona, sirvió para convencer a los municipios de la necesidad de esta infraestructura. El quid de la cuestión ahora es cómo repartir la carga entre los 46 ayuntamientos mancomunados, para lo que se está elaborando un informe económico y jurídico.
El caso de Oñati
“Hasta ahora, no hemos tenido que poner dinero, pero sin dinero público es difícil que salgan adelante”, admite Usandizaga. El caso del matadero de Zubillaga, en Oñati, es significativo, ya que los ayuntamientos que integran la sociedad pública han acordado este año aportar un total 220.000 euros para hacer frente a préstamos, arrendamientos financieros, tasas e inversiones.
