La UTE Urola Deba ha desmentido este jueves que haya sido sancionada por Inspección de Trabajo al prestar servicio en el Plan de Vialidad Invernal de Gipuzkoa, si bien ha reconocido que las dificultades que encontraron durante la pandemia para adquirir nuevos vehículos obligaron a hacer uso temporal de camiones que superaban los ocho años de antigüedad legales.
Representantes de la UTE Urola Deba, formada por las empresas Campezo y Api movilidad S.A, han comparecido este jueves en la Comisión de Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales, a petición de PNV y PSE, para informar sobre el Plan de Vialidad Invernal 2023-2024, del que el sindicato ELA llegó a señalar que fue “un verdadero desastre temerario”.
El pasado mes de marzo esta central lanzó graves acusaciones al denunciar que el plan es “fraudulento, precario y sin garantías de seguridad”, y censuró asimismo que el ente foral “está permitiendo” que las empresas adjudicatarias del mantenimiento de las carreteras del territorio hagan frente al plan de vialidad invernal “incumpliendo el contrato y las normas de seguridad laboral y vial”.
La Unión Temporal de Empresas Urola Deba es una de las cinco UTEs que prestan servicio de conservación y mantenimiento en las carreteras de Gipuzkoa. El contrato que tan duras críticas suscitó fue firmado a primeros de octubre de 2021, un mes antes del inicio del Plan de Vialidad Invernal, un periodo muy condicionado por la crisis sanitaria.
“En contra de lo que se dio a entender, la UTE Urola Deba no ha tenido en ningún momento sanción alguna de Inspección de Trabajo”, ha desmentido el gerente de Campezo, Txema Muñoz, quien ha subrayado que solo a partir del 14 de diciembre de 2023 recibieron “cuatro notificaciones solicitando información o adopción de medidas”, requerimiento al que se dio respuesta como “un trámite normal”.
Descartan camiones 'fantasma'
Entre otras críticas vertidas, la central sindical denunció que un mismo vehículo había llegado a ser asignado en contratos diferentes, algo que el representante de la UTE descarta categóricamente. “No es cierta esa afirmación. A fin de cumplimentar el acto protocolario de presentación de medios -a las pocas semanas de la firma del contrato- se dispuso de un vehículo de otro servicio perteneciente a una de las empresas de la UTE, cambiándose al día siguiente, cuando llegó el definitivo”, ha precisado Muñoz.
ELA denunció también el incumplimiento de los requerimientos técnicos obligatorios previstos en el pliego, y aseguró tener constancia de camiones utilizados con una antigüedad que, en algunos casos, llegaba a duplicar el máximo legal.
A este respecto, en la campaña 2023-2024 “todos los vehículos” cumplieron el pliego en relación a la antigüedad, según la respuesta ofrecida por la UTE, algo que en los años precedentes no se pudo garantizar debido a los problemas con los componentes de la automoción que ocasionó el covid. “Por entonces los plazos de entrega se dilataban por encima de los 24 meses”, ha reconocido Muñoz, que también ha rechazado que hayan existido escasas medidas de seguridad durante el periodo de contrato vigente. “En ningún momento ningún camión ha prestado servicio sin haber pasado la ITV, ni en vialidad invernal ni en ninguna otra actuación”, ha insistido.
En el transcurso de la comparecencia, Josu Orbegozo, en representación de la UTE, ha detallado las “extraordinarias” dificultades que encontraron para adquirir vehículos, lo que motivó que durante un año y siete meses no pudieran cumplir con las condiciones de los pliegos. A pesar de ello, según ha añadido Muñoz, “los trabajadores no han estado expuestos a un riesgo por exceso de carga. Los accidentes que se citaron en la anterior comparecencia nada tuvieron que ver con ello. De hecho, hay informes periciales y de la Ertzaintza que así lo corroboran”, han asegurado.
Los socios de gobierno (PNV y PSE-EE) han dado por buenas las explicaciones. “Habéis informado con transparencia. No se puede pedir más documentación”, ha señalado la jeltzale Aintzane Oiarbide, quien ha subrayado que no se ha interpuesto ninguna denuncia ante la Diputación por estos hechos, “a pesar de que escuchamos acusaciones muy graves, sin que se llegara a mostrar ningún documento oficial”. Oskar Bordes (EH Bildu) ha denunciado que este caso demuestra que “no ha habido ningún control por parte del Departamento de Infraestructuras Viarias”.
ELA, por su parte, ha trasladado a este periódico que “se ha utilizado a la empresa para atacar al sindicato eludiendo la responsabilidad que tiene la Diputación, pero vamos a pedir una investigación exhaustiva”.
