Un total de 4.868 personas en situación administrativa irregular ha realizado prácticas formativas en Gipuzkoa entre 2020 y 2023. Son cifras que reflejan el importante volumen de personas extranjeras que año tras año invierte esfuerzos en la obtención del certificado de profesionalidad gestionado por Lanbide, cuyas puertas se habían cerrado temporalmente como efecto colateral de la entrada en vigor del derecho a cotizar de los becarios.
Los estudiantes de prácticas, sean remuneradas o no, deben cotizar a la Seguridad Social desde el pasado 1 de enero. El espíritu de la ley pasa por evitar la precariedad y eventuales abusos en la contratación por parte de las empresas. El problema que se planteaba a los inmigrantes en situación irregular -como es sabido- era que, al no estar dados de alta y ante la exigencia de cotización de prácticas, no podían hacer esos cursos, algo que Lanbide ha resuelto definitivamente con una nueva Instrucción, según confirma en una respuesta parlamentaria la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, a una pregunta de EH-Bildu.
El Consejo de Administración de Lanbide resolvió en su reunión de 13 de febrero de 2024 varias “medidas excepcionales” que garanticen que las personas en situación administrativa irregular puedan completar, como hasta ahora, sus programas formativos completos y obtener el certificado de profesionalidad.
Como reconoce la consejera en su respuesta, esta situación había producido también un “efecto sobrevenido” en los centros formativos que habían accedido a la financiación con la condición de realizar un módulo de prácticas en centros de trabajo, algo que resultaba imposible de cumplir con la nueva exigencia legal. A su vez, las empresas que buscan perfiles nuevos a incorporar se veían perjudicadas en sus perspectivas de contratación.
Se amplía el plazo de prácticas
Dentro de las medidas excepcionales adoptadas, “se ha ampliado el plazo de realización de prácticas” para quienes han iniciado el trámite de autorización de residencia o su prórroga o cualquier otro proceso de permiso que le permita residir legalmente en España, y puedan completar su regularización en ese periodo accediendo al módulo de prácticas en las empresas con alta en Seguridad Social.
En segundo lugar, y “solo cuando la medida general no sea aplicable”, se va a posibilitar la realización del módulo de prácticas en el centro de formación y obtener así el certificado de profesionalidad completo. Para ello, según detalla Mendia, “los centros deberán disponer de aulas de prácticas donde se simule un entorno laboral”.
Ante la situación que se había planteado estos meses atrás, la coalición abertzale le pregunta a la consejera si Lanbide ha valorado “el daño" que esa "exclusión” de la oferta formativa podía ocasionar a las mujeres en situación irregular que quieren profesionalizar su trabajo en el sector de los cuidados y cuya cualificación resulta "imprescindible". Mendia responde que Euskadi no tiene competencias de regulación de Extranjería, y que Lanbide “no es el organismo para solucionar esa cuestión”.
No obstante, añade, se han adoptado “medidas concretas” en su ámbito de competencia “para que ninguna persona en situación irregular quede excluida” de los cursos que acreditan un certificado de profesionalidad. Lanbide entiende que también ha salido “perjudicada” por la entrada en vigor de la nueva medida, ya que aun siendo “positiva”, no ha tenido en cuenta que “el servicio público vasco de empleo lleva años ofreciendo a estas personas el derecho a la formación para el empleo”.
Pese a todo, señala Mendia en su respuesta, Euskadi tiene “un compromiso histórico con la garantía de los derechos de todas las personas que viven aquí, tanto de su salud, como de su educación y en la protección de unos ingresos mínimos”. Así, desde el Departamento de Trabajo y Empleo, junto al acceso a los certificados de profesionalidad que gestiona Lanbide, se “han reforzado los procesos de acompañamiento a quienes perciben la RGI para que regularicen su situación mientras se forman”.
