La cotización de becarios impide el certificado de profesionalidad a inmigrantes en situación irregular

“Como idea, lo acordado en el Real Decreto-ley de marzo está bien; lo que ocurre es que por el camino se ha generado un problema importante a personas extranjeras que no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social porque no tienen un NIE”, explica a este periódico el abogado Mikel Mazkiaran, secretario general de la Federación estatal de SOS Racismo.

Bajo ese acrónimo, NIE, se conoce al código para la identificación tributaria de los extranjeros en el Estado, lo que viene a ser el equivalente al DNI. Sin él no pueden hacer prácticas, y sin ellas completar el curso es una quimera. Se trata de un problema que las entidades sociales que trabajan en Gipuzkoa vienen observando con preocupación durante las últimas semanas.

La medida que entró en vigor hace ahora un mes es independiente del Estatuto del Becario –que se encuentra paralizado–, ya que se enmarca en la reforma de las pensiones promovida por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estaba previsto que el decreto entrase en vigor el 1 de octubre de 2023, pero la norma se topó con el rechazo de las empresas a asumir la parte de cotización que les corresponde.

Prórroga de una medida polémica

Y el resultado fue que se prorrogó hasta 1 de enero de 2024, para que universidades, empresas e instituciones se adaptaran a la norma, con el fin de no interferir en el desarrollo académico de alumnos y futuros becarios. ¿Pero qué ocurre con aquellas personas que se encuentran en situación irregular? Es el caso de cerca de 10.000 menores en Euskadi, muchos de los cuales siguen estudios de grado en centros de formación.

El problema que plantea la normativa, como dice Mazkiaran, “se veía venir”, y de hecho ha sido objeto de conversaciones entre el Departamento de Educación y Seguridad Social, que han abordado el acomodo legal de esos menores que cursan módulos en Formación Profesional, lo que conlleva realización de prácticas en empresas. La obligatoriedad del alta en la Seguridad Social comprometía sus grados y procesos educativos.

Esa parte, sin embargo, “ha sido resuelta”, según confirma el abogado. “Ha habido conversaciones entre el Departamento de Educación y Seguridad Social que han permitido encontrar una salida a las dificultades de tipo técnico que esta situación planteaba”, detalla el letrado. Es decir, la nueva ley no afecta a módulos y grados que, alumnos en situación administrativa irregular, realizan en procesos formativos.

Lanbide ha dictado una instrucción por la cual una persona extranjera en situación irregular no puede apuntarse en el servicio de empleo para realizar prácticas

Despejada esa incógnita, queda por resolver la incertidumbre que se cierne sobre personas inmigrantes adultas que hasta ahora hacían sus prácticas, bien a través del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, o entidades de inserción socio-laboral como Sartu o Fundación Peñascal. A día de hoy, la situación no es precisamente halagüeña. Lanbide dictó una instrucción hace dos semanas que fue la que “levantó todas las alarmas”, asegura la Federación estatal de SOS Racismo. “Dice de manera muy expresa, muy clara, que una persona extranjera irregular no puede apuntarse en el servicio Lanbide para realizar prácticas. Detalla que es una medida que viene del decreto ley, y que van a solicitar un informe jurídico. Sea como fuere, hoy por hoy es la situación que hay”, explica el abogado.

Un extremo que confirman a este periódico fuentes del Servicio Vasco de Empleo. “Hace dos semanas recibimos nuevas instrucciones en relación a las prácticas que tienen que hacer las personas que siguen cursos con certificado de profesionalidad. El problema con quienes están inscritas con el pasaporte es que no tienen permiso de residencia, y no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social. Lo que nos han dicho es que estas personas no pueden hacer los cursos con certificado de profesionalidad”, detallan desde Lanbide.

El problema en atención sociosanitaria

Así, uno de los mayores problemas se viene observando en el ámbito de los cuidados a particulares en domicilios. En concreto, con la obtención del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria, requisito indispensable para trabajar con personas con dependencia. Se trata de una figura de la que echan mano cada vez más familias guipuzcoanas que contratan a personas en el domicilio a través de la vía no formal.

La Diputación presta ayuda económica a las familias que quieren contratar asistentes, con el fin de favorecer la autonomía de las personas con dependencia. Pero la normativa es muy clara. Exige que la persona cuidadora obtenga la titulación. “Y estamos hablando de un sector en el que el perfil más habitual suele ser el de mujer extranjera. Y si esa mujer está en situación irregular, se plantea el problema, porque el curso de atención sociosanitaria tiene una parte teórica y otra práctica”, advierten desde la Federación estatal de SOS Racismo.

Tras dictarse la instrucción de Lanbide, se han mantenido distintas reuniones entre entidades sociales para tratar de buscar una solución, aunque actualmente esas puertas a la obtención del certificado siguen cerradas.

Con todo, la nueva regulación de la seguridad social para alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas no solo ha levantado ampollas entre las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables. La “ausencia de diálogo” con las universidades por parte del ministerio y la falta de recursos para gestionar miles de prácticas también ha trastocado la actividad diaria de la UPV/EHU.

“Se nos dijo que quizás se iba a aplicar otra moratoria, pero finalmente el decreto entró en vigor el 1 de enero. ¿Cómo se va a hacer? Pues como se ha hecho hasta ahora, solo que nosotros nos encargaremos de hacer las altas, las bajas y pagar la cotización a la Seguridad Social. Este proceso va a ser absolutamente transparente para el estudiante, aunque para nosotros es un follón”, ha afirmado a este periódico la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, muy crítica con el modo en el que se ha aprobado la norma.

Cotización de becarios en la UPV

La UPV asumirá finalmente este curso la cotización de los becarios, despejando así la incertidumbre que se cernía sobre las cerca de 14.000 prácticas que cada año gestiona la universidad vasca tras la entrada en vigor de la disposición adicional 52ª de la Ley General de Seguridad Social. Las y los becarios quedarán como asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social y comenzarán a cotizar para su jubilación.

Una posibilidad que se abre para el alumnado gracias al esfuerzo de la universidad. “Una vez que se aprueba la ley, hay que aterrizarla. Una cosa es la política y otra es estar a pie de obra con una distinción entre el alumnado con prácticas curriculares cotizando y otros que no”. El decreto “dice que las empresas, entidades o instituciones que organicen las prácticas deben cotizar por los estudiantes en prácticas y excepcionalmente, bajo convenio, se hará cargo la universidad. Los rectores ya manifestamos nuestra oposición a la redacción de este decreto porque no hay que ser ningún Einstein para darse cuenta que ese excepcionalmente se iba a convertir en la norma”. Que es, precisamente, lo que ha sucedido.

“¿Qué incentivo tiene ninguna empresa o institución para cotizar por los estudiantes en prácticas cuando en última instancia dicen que la responsabilidad es mía? Ninguno y a la puerta a la que van a llamar los estudiantes es, como es lógico, a la de la rectora porque las empresas dicen que ellas no se van a hacer cargo, que o se hace cargo la universidad o que ellas pasan. ¿Qué ha pasado? Que lo que la ley decía excepcional se ha convertido en la norma”. Así describe la rectora la realidad con la que ha tenido que lidiar la universidad vasca los últimos meses.