Los residuos que desde Gipuzkoa se envían a la planta de compostaje de Artajona, en el punto de mira tras la decisión del Gobierno navarro de suspender su actividad, son objeto de controversia desde tiempo atrás, y ya desde la pasada primavera habían despertado la preocupación de la Comunidad foral.
De hecho, se trata de una polémica que ha llegado a los tribunales, con una causa penal abierta en Donostia tras una denuncia de la asociación GuraSOS, que afirma que la planta de Zubieta habría generado el lixiviado líquido “dándole un código de residuo y un concepto erróneos de forma consciente” -algo que la Diputación niega taxativamente-, y “habría encargado el tratamiento de parte de estos residuos a la empresa Ecofert Sansoain”, que no cuenta con la autorización para gestionar ese material, por lo que se ha decretado el cierre cautelar de la instalación y la apertura de expedientes sancionadores.
La investigación abierta por el Gobierno de Navarra en torno al funcionamiento de la planta de Artajona no es la única. De forma simultánea, la Guardia Civil, a través del Seprona, inició otra dirigida por un juzgado de Donostia, que tiene una pieza penal abierta sobre la gestión de la incineradora de Zubieta y en la que se investiga, entre otros, al diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio.
El Gobierno de Navarra señala que le consta que han recibido “residuos líquidos procedentes del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa incorrectamente codificados”, según se desprende de la respuesta por escrito del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a una pregunta formulada por EH Bildu en el Parlamento navarro.
Asensio ha enmarcado en diferentes ocasiones esta causa judicial en la larga lista de denuncias de la plataforma GuraSOS, a la que vincula directamente con EH Bildu, una estrategia que, según ha recordado, ha fracasado en más de cuarenta procesos judiciales, que se han cerrado con resoluciones a favor de GHK.
