Enrique Jiménez y Lourdes Jiménez llevan cinco años viviendo con una ansiedad que les encoge el pecho. La pareja, si no lo impide Caixabank, será desahuciada de su piso de Errenteria el próximo 5 de marzo. Hace ya cinco años que viven con la incertidumbre de no saber cuándo pueden sacarles de su casa. Josué, el pequeño de la familia, que acaba de cumplir 11 años, se asusta cada vez que escucha a sus padres mencionar la palabra “piso” o la plabra “calle”. “¿Papá, mamá; nos tenemos que ir a la calle?”, les pregunta inocentemente. Enrique y Lourdes intentan no hablar del tema cuando el niño está en casa, pero es inevitable. Por mucho que durante todos estos años han podido responder “no, hijo, tranquilo”, si el banco no retira la denuncia, en dos semanas se verán en la calle.
Enrique, nacido en el barrio de Amara de Donostia, ha trabajado toda la vida en la venta ambulante. Sus padres ya practicaban el oficio desde hace muchos años, y desde pequeño, ha mamado y acompañado a su familia a todos los mercadillos de Gipuzkoa. Ya en edad adulta, continuó con la tradición familiar. “Recorríamos todos los pueblos: Errenteria, Donostia, Zumaia, Ordizia… Pero el negocio fue a menos y tuve que buscarme la vida de repartidor”, asegura Enrique.
En 2006 compraron un piso en la calle Apeadero de Errenteria por 260.000 euros. “Era la época de la burbuja inmobiliaria, los bancos casi te regalaban los pisos, y nos metimos en una hipoteca”, asegura. “En aquel momento trabajaba media jornada de repartidor y cobraba la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), unos 800 euros, que te da el Gobierno Vasco por considerarte persona vulnerable”, recuerda. La familia había sido reconocida como vulnerable. Varios certificados lo acreditan. “Nosotros acudíamos a la asistenta social, cobrábamos esa ayuda… Todos estos servicios los teníamos porque éramos una familia vulnerable, nos acogíamos a la ley”, asegura.
En 2017, la familia ya no llegaba a pagar la hipoteca del piso y el banco se lo quedó, pero se lo entregó como una vivienda de alquiler social, por la que abonaban un alquiler de 380 euros. “Pagábamos los casi 400 euros todos los meses, hasta que llegó la pandemia”, asegura. Enrique perdió el trabajo y llegó el confinamiento. “El banco nos comunicó que, mientras estuviéramos encerrados en casa, no pagaríamos el alquiler, y que al salir tendríamos que pagar los meses que nos habían aplazado”, recuerda Lourdes. “Cuando salimos del confinamiento, debíamos unos cinco o seis meses de alquiler, sumado al alquiler mensual que se mantenía. Pagamos uno o dos meses del aplazamiento, y el tercero ya no pudimos porque Enrique estaba sin trabajo”, afirma. “Nos pidieron todo de golpe, unos 2.000 euros de los meses aplazados, mientras seguíamos pagando el alquiler de 380 euros cada mes, y no pudimos”, lamenta Enrique. El banco, en 2022, presentó una demanda de desahucio.
La familia, al tener el certificado de vulnerabilidad, se acogió al Real Decreto ley 11/2020 del 31 de marzo, que suspendía el desahucio sin alternativa habitacional a personas vulnerables. “El primer año no tuvimos ningún problema, se suspendió el desahucio y todo fue bien. Al año siguiente, la ley se fue modificando pero no tuvimos que volver a presentar los documentos que validan nuestra vulnerabilidad”, recuerda Enrique.
Un error en el registro
Sin embargo, en 2025 se modificó la ley, y el juez pidió que la familia presentara de nuevo los certificados. Uno de los criterios necesarios para que se considere a una familia como familia vulnerable es que no posean ningún bien. La familia acudió al Registro para solicitar la acreditación y se dió cuenta de que, en el nombre de María Lourdes Jiménez Jiménez, están registrados tres inmuebles en León, Zamora y Andalucía, en los años 60. “En los años 60 yo no había nacido. Este dato, que se reflejaba sin DNI, afirmaba que una persona con el mismo nombre que el mio tenía en propiedad esos inmuebles. Sin embargo, en la misma ficha, un poco más abajo, salía mi nombre con mi DNI y se evidenciaba que no tenía ningún inmueble”, denuncia Lourdes. “En el Registro nos dijeron que no nos preocupáramos, que el juez se daría cuenta de ese error. Sin embargo, presentamos la documentación en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Donostia y no nos concedieron la acreditación de vulnerabilidad”, señala.
La familia no se lo podía creer. “Cobrábamos la RGI, íbamos a la asistenta social, nos dieron un abogado gratuito… Son servicios que dan cuando eres una persona vulnerable, y el juez no quiso firmar que lo éramos”, denuncia Enrique. “Fuimos a Hacienda y no se registraba ninguna propiedad a mi nombre”, asegura. “Acudimos al Juzgado Provincial, pero no quisieron hacer nada”, lamenta.
Al no considerarse familia vulnerable, el juez decretó que no se podía suspender el desalojo, y fijó la fecha de desahucio el 15 de julio de 2025. Sin embargo, la intervención ciudadana de la mano de Stop Desahucios y el Ayuntamiento de Errenteria, permitieron que se pospusiera la orden de desalojo tres meses. Esto se debió a que el Consistorio de la localidad se comprometió a buscar a la familia de Enrique y Lourdes una solución habitacional en la localidad. “Nos ofrecieron ir a vivir a un albergue, pero solo nosotros dos, sin nuestro hijo. Evidentemente, rechazamos”, señalan. “Nos dijeron que la única manera de conseguir una vivienda era mediante adjudicación directa, y nos parecía bien, pero el Ayuntamiento nos dijo que no podían hacerlo porque no había aparecido nunca en los Servicios Sociales, y porque no se fiaban de que pagara el nuevo piso”, lamenta. “Podía haber ido todos los días, pero no lo hice porque pensé que sin molestar, intentando ganarme la vida por mi cuenta, conseguiría salir adelante. Si hubiera sabido que tenía que ir, me hubiera presentado allí cada mañana”, relata Enrique. Finalmente, Caixabank solicitó una nueva fecha de desalojo, y el juez la fijó el 5 de marzo de 2026.
Poca solución
A dos semanas de la fecha de desahucio, la situación se tiñe cada vez más negra. Enrique y Lourdes han acumulado casi 5 años sin pagar, y se atisban pocas soluciones en el horizonte. La familia ha sido acompañada en numerosas concentraciones por Stop Desahucios, exigiendo que Caixabank retire la denuncia. “Le debemos todo a Stop Desahucios, si ahora vivimos en casa es por ellos”, aseguran ambos. La plataforma ha convocado para hoy una concentración frente a la sede del banco en Donostia. “La únicas dos soluciones son que Caixabank retire la denuncia de desahucio por un lado, o que el juez nos reconozca como personas vulnerables para que la ley nos ampare y se suspenda el desalojo al menos hasta el 31 de diciembre de 2026”, señala Enrique. “Si esto no ocurre, el 5 de marzo estaremos en la calle”, se emocionan. “A la calle no iremos. Plantaremos un colchón en el salón de casa de mi madre y ahí nos quedaremos, pero eso no es lugar digno para vivir”, lamenta Enrique.
La familia ha vivido con mucha angustia todo este proceso. La carga que tienen encima supera ya sus esfuerzos por sostenerla. El trámite que consideran injusto, dejará a una familia en la calle sin solución habitacional.
