Asensio niega las acusaciones del Gobierno de Navarra sobre el envío ilegal de residuos

Asensio ha comparecido este miércoles con carácter de urgencia tras las supuestas irregularidades en el envío a la planta de tratamiento de Artajona de residuos procedentes de la incineradora de Zubieta, unos hechos denunciados por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra, José María Aierdi, que han motivado el cierre cautelar de la planta.  

El anuncio lo hizo el martes Aierdi en el Parlamento de Navarra, donde confirmó que la empresa Ecofert Sansoain recibió de manera ilegal 2.100 toneladas de lixiviados en 2022 y 3.400 toneladas, en 2023. Así, según sus palabras, durante dos años ha procesado más de 5.000 toneladas de lixiviados procedentes de la incineradora de Zubieta, un líquido potencialmente tóxico que la instalación no tiene autorización para tratar, según denunció.

La Diputación de Gipuzkoa ha salido al paso para aclarar “inexactitudes, cuando no falsedades absolutas”, según ha expresado Asensio. El diputado, visiblemente molesto, ha aportado documentación para demostrar que el origen de los residuos y su calificación contaba con todos los parabienes, una documentación que, según ha criticado, no mostró el Gobierno de Navarra.

“Este diputado jamás se ha atribuido competencias que no son suyas. Todo lo actuado en Zubieta ha sido con absoluta transparencia. Todo está documentado”, ha reiterado Asensio, para pasar a detallar las “falsedades” que a su entender se han vertido. 

El código de los residuos líquidos

La controversia se ha desatado a cuenta de los lixiviados, líquidos que se generan al pasar a través de residuos sólidos –como sucede en una incineradora– y que pueden contener sustancias tóxicas, por lo que deben gestionarse adecuadamente para evitar impactos ambientales negativos.

Aierdi detalló el martes que su departamento detectó que la planta de Artajona estaba recibiendo residuos líquidos “con códigos de identificación incorrectos” provenientes de la incineradora de Zubieta, una cuestión que Asensio desmiente tajantemente. Fuentes del Gobierno de Navarra, han confirmado a este diario que los análisis practicados a los polémicos residuos descartan su toxicidad.

El diputado de Sostenibilidad ha aclarado que la codificación de esos residuos se determina en origen, “y es el Gobierno Vasco la administración competente”. El llamado código LER -con el que se ha enviado el lixiviado de Zubieta a distintos gestores autorizados- “siempre ha sido el mismo”, una codificación aceptada por el Gobierno Vasco.

El diputado ha mostrado la documentación que así lo acredita. La mayor parte del lixiviado ha sido enviada a Bizkaia, y en menor medida a la planta navarra de Artajona. El LER es un código de seis cifras con el que se clasifican los residuos, según un listado europeo. En el caso de Gipuzkoa, ese código es el 19 08 12, y “cuenta con la autorización medioambiental emitida por el Gobierno de Navarra”, según ha señalado Asensio.

En relación con el líquido potencialmente tóxico, supuestamente enviado desde Gipuzkoa, el diputado foral de Sostenibilidad ha mostrado el “resultado negativo” de los análisis de lixiviado realizados por la entidad SGS. Asensio ha advertido que los residuos que recibe la empresa Ecofert Sansoain tienen orígenes diversos, una cuestión que a su entender es determinante a la hora de hacer una lectura de la situación que se ha planteado. “No son exclusivos de Zubieta, es falso decir que la toxicidad le corresponde a Zubieta”, ha remarcado.

El consejero navarro detalló en su comparecencia que la codificación del residuo enviado a Artajona se realiza en origen, es decir, en la planta de Zubieta, pero señaló en cualquier caso que “lo crucial en este suceso es que se trata de un residuo líquido, que, independientemente de la codificación, no debería haber sido aceptado por las instalaciones de Ecofert Sansoain”.

De esta manera, la compañía de Artajona ha incumplido la autorización ambiental integrada, por lo que el departamento ha decretado el cierre cautelar de la instalación y la apertura de expedientes sancionadores. La actividad de la planta quedará paralizada hasta que acredite que su actividad cumple con la normativa y, además, se le ha impuesto una multa que asciende a los 40.000 euros.

Archivo cronológico de residuos

Ante este hecho, la Diputación de Gipuzkoa señala que la responsabilidad del control de lo que suceda en una instalación de tratamiento de residuos de Navarra “le corresponde al Gobierno de Navarra y a su Departamento de Medio Ambiente”. “El Gobierno de Navarra tiene que conocer el archivo cronológico de residuos recibidos y generados”, ha insistido el diputado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

A efectos de inspección y control, “es una responsabilidad, en exclusiva, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, ha remarcado. Así, en virtud de la autorización ambiental otorgada por la Comunidad foral a Ecofert, la empresa está obligada a enviar todos los años la memoria de su actividad de gestión de residuos. “El Gobierno de Navarra es el único responsable de que se de cumplimiento a la ley, y de revisar toda información recibida por parte de Ecofert. Si ha habido alguna dejación de funciones, no ha sido ni por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ni por parte del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ni, por supuesto, por parte de este diputado”, ha subrayado Asensio.

Gipuzkoa no había recibido ninguna comunicación sobre este asunto por parte de Ecofert ni del Gobierno de Navarra, y fue el 18 de diciembre de 2023 cuando la empresa trasladó que no podía recibir más residuos. “Si el Gobierno de Navarra conocía esas irregularidades en el tratamiento de residuos desde hace más de uno, ¿cuál es el control y seguimiento que ha hecho de los mismos? Si tan grave es, ¿por qué no se ha clausurado previamente dicha planta?, se pregunta el diputado, que denuncia que “se ha desviado la responsabilidad a instituciones que no nos corresponde, como es el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Esto, sencillamente, es intolerable”.

El pasado 15 de enero se desplazó a Gipuzkoa una delegación del Gobierno de Navarra, con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, a la cabeza. Un encuentro en el que se aportó la documentación relativa al código LER, remarcando desde Gipuzkoa que el problema no era el origen sino el destino. “Pensaba que había quedado acreditado en aquella reunión, pero con lo escuchado el martes me quedan algunas dudas”, reconoce Asensio.