Las familias de la ikastola Langile de Hernani estudian diferentes medidas de presión para “lograr la rescisión” del contrato con Serunion, empresa responsable del comedor escolar, con la que se han registrado diferentes incidencias. Representantes del centro tienen previsto conformar un grupo de trabajo para realizar el seguimiento “adecuado” de un problema que “puede ir para largo, y eso, en el caso de que se pueda rescindir el contrato, algo que no está nada claro”, según reconoce Beñat Mendiburu Vallés, padre de dos hijos y delegado de un aula de 6º de Primaria.
“Vamos a plantear diferentes iniciativas para presionar al Gobierno Vasco para que ponga los medios necesarios”, avanzaron ayer las familias de este centro, que celebraron una asamblea general para abordar la crisis de los comedores. “Estamos hablando de la concesión de un servicio a la baja a Serunion. Estamos hablando de 2,28 euros por menú. Es vergonzoso que se pueda admitir un catering por ese precio”, denunció Mendiburu.
El Gobierno Vasco ya ha interpuesto por el momento la primera sanción a esta empresa en relación al expediente abierto en Araba por la aparición de larvas en unos macarrones servidos en la ikastola Ikasbidea de Durana. El departamento de Educación ha multado con 40.000 euros a la firma por este primer caso, y tiene pendiente resolver también el expediente presentado por la ikastola de Hernani.
Un tercer expediente es de resolución de contrato con la empresa. No obstante, según explicó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, se demorará unos dos meses. “Tenemos la ley de Contratos y a través de esa ley nos tenemos que mover, es una ley garantista y la empresa tiene sus obligaciones, pero también sus derechos; hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero la prioridad es el cuidado de las familias y de sus hijos e hijas”, advirtió ayer el consejero.
Estrecho seguimiento... ¿ilegal?
El malestar por esta situación no remite, y las familias siguen con lupa las incidencias en los centros. A este respecto, la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación ha enviado un escrito a los responsables de los comedores de los centros públicos de Euskadi en el que les advierte de que es “ilegal” que “transmitan” información relativa a las incidencias que puedan producirse a otros agentes, como es el caso de las ampas.
En el escrito se alude a la campaña de control iniciada por la federación de padres y madres por la escuela pública vasca, Ehige, a raíz de las “quejas y preocupaciones” que ha generado en las familias el cambio de empresas que prestan el servicio de comedores con la aparición de larvas o pequeños insectos en la comida servida en algunos de ellos.
La campaña de Ehige consiste en poner en marcha en los centros mecanismos de seguimiento y control de las condiciones que deben cumplir las compañías adjudicatarias. Para ello, han pedido a las familias recoger posibles incidencias con el fin de constituir un grupo de trabajo para controlar el cumplimiento de los pliegos.
“El acceso no autorizado a las aplicaciones de esta Administración, el acceso a los datos por cualquier medio y la utilización en perjuicio del titular de los datos o de un tercero constituye una infracción sancionable en materia de protección de datos”, agrega el escrito.
Tras conocer este escrito, desde Ehige han remitido por su parte una carta al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en la que se apunta que el objetivo de su campaña es la mejora de los comedores a través de las herramientas existentes. La federación de ampas recuerda que corresponde al consejo escolar de cada centro, en el que están representadas también las familias, supervisar el funcionamiento del comedor y elevar a la Administración informes sobre las características y la calidad del servicio de la empresa contratada.
