El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de la nueva Ley vasca de Cooperación y Solidaridad. La normativa busca optimizar los recursos, así como coordinar las acciones a nivel institucional y social para sumar más voluntades, recursos y capacidades a favor de los objetivos del desarrollo y la justicia global.

 El proyecto de ley refuerza el objetivo del 0,7%, e introduce cambios sustanciales respecto a la legislación en vigor. Para empezar la nueva norma se aplicará, al contrario que la anterior, a todas las instituciones públicas. El Gobierno vasco, las diputaciones forales así como los ayuntamientos, y otras entidades públicas como Eudel o la UPV/EHU, estarán obligadas a introducir en sus políticas la perspectiva de la cooperación para analizar el impacto de sus políticas en el entorno cercano o en otros países, y en las futuras generaciones.

 La normativa contempla medidas reguladoras especiales para las ayudas y las subvenciones en materia de cooperación y desarrollo con el objetivo de restar trabas y agilizar su tramitación. En definitiva, el proyecto de ley pretende afrontar los retos en esta materia de manera corresponsable y poniendo el foco y convirtiendo en protagonistas de su destino a las poblaciones del Sur.

 

Euskadi, a a cabeza de la cooperación

Esta ley en la que trabaja el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales busca mantener a Euskadi a la vanguardia de la cooperación internacional. No en vano, Euskadi es la segunda región a nivel mundial, solo por detrás de Flandes, en volumen de fondos destinados a iniciativas solidarias.

 Según un informe de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo eLankeditza, en 2020 Euskadi destinó alrededor de 49 millones de euros a iniciativas solidarias. El 80% de los proyectos que se llevaron a cabo se desarrollaron en un país extranjero, y el 90% de los fondos fueron canalizados por las ONGs.

 

Traslado al Parlamento Vasco

El proyecto de ley ha recibido a luz verde del Consejo de Gobierno tras dos años de trabajo y después de un proceso participativo. Ahora el texto, que sustituirá a la anterior ley de 2007, será remitido al Parlamento Vasco para continuar su tramitación hasta su aprobación.