El Tribunal Superior de Justica del País Vasco (TSJPV) ha sentenciado que no se puede pedir saber euskera para acceder a uno de los 34 puestos como cuidadores y cuidadoras en la Fundación Uliazpi de la Diputación de Gipuzkoa, plazas a cubrir mediante oposiciones. El alto tribunal vasco ha estimado así el recurso a instancia particular que se interpuso al dictamen del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia a este respecto, que indicaba que, al ser uno de los idiomas cooficiales de la CAV, es lícito solicitar conocimientos de esta lengua en empleos públicos. La Diputación de Gipuzkoa ya ha adelantado que recurrirá esta decisión.
La sentencia, firmada por el juez Luis Javier Murgotio, argumenta que el Plan de Normalización del Euskera no puede ir por delante de "los derechos básicos" y que el hecho de que el euskera sea un condicionante en este caso vulnera el derecho a acceder a un trabajo público para quienes no acrediten el perfil lingüístico.
En julio de 2021, Uliazpi, una Fundación que depende de la Diputación de Gipuzkoa y que se encarga de atender a las personas con discapacidad y a sus familias, convocó un proceso de oposición para cubrir 34 plaza de cuidador o cuidadora. Se especificaba un conocimiento acorde al nivel B2 de euskera, que era una condición a cumplir en 32 de esos puestos y se consideraba como mérito en los otros dos, tal y como ha publicado este miércoles Berria.
El Gobierno foral ha expresado su "rechazo y desacuerdo más rotundo" ante la sentencia del TSJPV, que ya han comunicado que recurrirán. La directora de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizabal, se ha comprometido a defender "con absoluta firmeza" que las personas que acudan al servicio de Uliazpi lo reciban "respetando su propia opción lingüística". "Los derechos lingüísticos son de la ciudadanía y nos corresponde a las instituciones hacerlos cumplir para que se respeten", ha subrayado. Además, ha considerado que no es "en absoluto, discriminatorio" exigir que una persona empleada del sector público tenga "el conocimiento de las dos lenguas oficiales" del territorio.
En la misma línea se ha manifestado Imanol Lasa, el que fuera diputado foral entre 2015 y 2020, siendo portavoz de gobierno en los primeros cuatro años, que ha mostrado en su perfil de Twitter su preocupación por "la actitud que está tomando el poder judicial ante el euskera", que puede traer consigo "un considerable paso atrás". "Pedir el euskera para ser trabajador público no es discriminatorio, sino que garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Es un idioma oficial, como el castellano", ha incidido.
Por su parte, el sindicato LAB ha denunciado "el último ataque judicial contra el euskera" que supone el dictamen del TSJPV, una "nueva vulneración de derechos" que se realiza "contra la ciudadanía". La central ha considerado que "se trata de una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del euskera en la administración pública". "Los derechos fundamentales de los vascos y las vascas serán pisoteados", han señalado, de manera que "los y las euskaldunes seremos aún más discriminados y discriminadas".
Esta sentencia del TSJPV no es la primera resolución en este sentido que se realiza en sede judicial. En mayo de 2021, este mismo tribunal consideró "discriminatorio" que el Ayuntamiento de Irun pidiera saber euskera en las convocatorias para puestos de policía municipal y en septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo (TS) no admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Consistorio irundarra ante este dictamen. Por otro lado, en febrero de 2022, una jueza de Gasteiz ordenó readmitir a una trabajadora interina del Ayuntamiento de Laudio que no alcanzó el perfil lingüístico necesario para el puesto, al considerar que el euskera es un idioma complejo de aprender. "La lengua vasca es el quinto idioma más difícil del mundo", aseguró la magistrada.
