Probablemente toda la polémica no se entienda sin la presencia de las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo, de modo que la historia acabó con una ensalada de acusaciones y reacciones a la que, además del alcalde de Donostia y la diputada guipuzcoana de Movilidad, los principales actores de este enfrentamiento, terminaron sumándose la candidata socialista a la Alcaldía de Donostia y el grupo municipal de EH Bildu, que también cargó contra Goia.
Bien temprano, en una entrevista en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, el alcalde Eneko Goia reaccionó ante el anuncio por parte de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), presidido por la diputada socialista Rafaela Romero, de que Gipuzkoa va a extender a todo el año 2023 el descuento del 50% en el transporte público, independientemente de si el Estado español mantiene su aportación actual del 30%.
El alcalde, en pleno directo, acusó al Departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa, dirigido por el PSE, de ser “totalmente desleal” con Donostia y de actuar en contra de los donostiarras en materia de movilidad.
Goia aseguró que es “irresponsable” tomar una decisión así sin antes concretar su financiación y alertó de que si Donostia tuviese que hacer frente por sí sola a esta medida en sus autobuses municipales, el impacto en sus cuentas sería de unos “diez millones de euros”.
“A todos nos gustaría tener un descuento del 50% en el transporte público, pero hay que aclarar también cómo se va a financiar eso. Y no se ha explicado. No sabemos todavía si el Estado español va a seguir dando la ayuda que da hasta ahora (30%) o no. Si la va a aportar el Gobierno Vasco o no; si la va a aportar la Diputación o no”, precisó.
“Aclarar quién va a pagar eso es fundamental. La gente tiene que saber que lo que no pagan los usuarios, lo tienen que pagar todos los contribuyentes con sus impuestos y hay que sacarlo de otro lado y algo se deja de hacer”, explicó el alcalde de la capital guipuzcoana.
Goia fue más allá. Dijo que llueve sobre mojado y que el Departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa, encabezado por el PSE, ya ha actuado “en contra de los donostiarras” en otras ocasiones, no facilitando datos de usuarios o haciendo oídos sordos a peticiones del Ayuntamiento durante las obras de la ciudad.
La respuesta no se hizo esperar por parte de Rafaela Romero: “¿Cuando Goia habla de irresponsabilidad, está diciendo que el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y una decena de ayuntamientos de Gipuzkoa han sido irresponsables?”.
La diputada de Movilidad explicó que el Ayuntamiento de Donostia participó en dos de las tres reuniones de la Autoridad del Transporte en las que se ha debatido esta cuestión “y hasta hoy no haya dicho esta boca es mía”.
La cosa no quedó ahí. Y la candidata socialista a la Alcaldía de Donostia, Marisol Garmendia, acusó a Goia directamente de oponerse a los descuentos: “La irresponsabilidad no es mantener los descuentos en el transporte, sino oponerse a ellos, como hace Goia”.
EH Bildu también quiso “salir al paso de las declaraciones realizadas” por el alcalde Eneko Goia. En opinión de EH Bildu, “es imprescindible fomentar el uso el transporte público. Esta debería ser también una prioridad para el Gobierno municipal de Donostia” y “debería estar reflejada en el presupuesto para 2023”.
“Tampoco se entiende”, dijo EH Bildu, “que el Gobierno municipal no estuviera presente en la reunión de la Autoridad del Transporte en la que se decidió aplicar la medida en Gipuzkoa”.
Urkullu busca la fórmula
El lehendakari, Iñigo Urkullu, también se refirió a los descuentos del transporte y aseguró que con el objetivo de que se mantengan las bonificaciones del 50% en el transporte público durante 2023, sería “justo” reclamar que las aportaciones del Gobierno central se mantengan en los porcentajes que están ahora vigentes: un 30% por parte del Gobierno central y un 20% por parte de las administraciones vascas.
Urkullu realizó estas declaraciones en Arantzazu (Oñati), donde inauguró el plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y aseguró que ambos ejecutivos trabajan para que esta medida se tome antes de final de año y se implemente “con el análisis de lo que pueda ser la bonificación en base a tramos de rentas y poder adquisitivo”.
