Cuando el caso de Marco llegó a los médicos evaluadores de la Seguridad Social, las cosas estaban bastante claras. Este trabajador cargaba ya con una mochila de bajas y lesiones que le incapacitaba para su trabajo. Logró la incapacidad total permanente el 23 de agosto de 2018, a los 50 años de edad, después de haber sufrido tres operaciones en los dos hombros y constatarse una incapacidad para ejercer su trabajo.

En el caso de este trabajador, finalmente la empresa ha sido condenada a pagar una multa de casi 41.000 euros por no realizar evaluaciones ergonómicas durante once años en su trabajo y mantenerle ejerciendo tareas “incompatibles con su salud”. Una sentencia del Juzgado número 1 de lo Social de Donostia ha desestimado recientemente una demanda de su empresa solicitando la anulación del expediente sancionador.

En su trabajo, durante una década, este trabajador estuvo obligado a realizar “esfuerzos físicos continuos y repetitivos”, con una carga añadida a sus extremidades superiores, los hombros, al tener que cargar con frecuencia con pesos de más de quince kilos por encima de la cabeza.

Había comenzado a trabajar en mayo de 2007 como mozo especialista en una empresa cárnica. Su labor en el matadero en el que trabajaba era “recepcionar productos cárnicos, descargar las piezas de gran peso, deshuesarlas, y despiezarlas para su posterior empaquetado y transporte a los clientes”.

Pero sus articulaciones fueron acusando la carga del trabajo y en julio de 2014 sufrió una lesión que requirió de una intervención quirúrgica en su hombro izquierdo. A su vuelta al trabajo, su día a día no cambió. Siguió desempeñando las mismas tareas, según recoge la sentencia judicial, y volvió a sufrir otra lesión de hombro, esta vez en el derecho. Pasó nuevamente por quirófano en julio de 2016.

Marco iba a volver a su mismo puesto de trabajo nuevamente y en mayo de 2017 sufrió una “rerotura” en la misma zona del hombro izquierdo, el manguito rotor. Un reconocimiento médico posterior, realizado en marzo de 2018, reconoció que antes de su tercera y definitiva operación se había cometido un “error” al calificarlo apto para el desempeño de sus funciones.

Tuvo cinco bajas a lo largo de sus once años en la empresa, la más larga de casi 17 meses, entre mayo de 2016 y octubre de 2017. Cuando su caso llegó a la Seguridad Social, escondía ya pocos secretos. Pasó por la preceptiva evaluación de los médicos de la INSS de Donostia, cuando en este servicio trabajaban todavía una quincena de sanitarios (hoy quedan solo seis). Y posteriormente, el tribunal médico le concedió incapacidad total permanente. Como él hay otras 7.300 personas en Gipuzkoa.

Cargas pesadas, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Un cóctel explosivo que bebió durante años. La empresa, según recoge la sentencia, no le dio la primera formación específica sobre riesgo ergonómico hasta enero de 2018, cuando su caso ya no tenía remedio y sus hombros habían dicho basta.

A partir de ahí, todo sucedió de golpe. Fue en abril de ese mismo año 2018 cuando su compañía adaptó su puesto de trabajo a sus limitaciones, pero ya era tarde. Unos meses después, en agosto, la Seguridad Social le reconocía la incapacidad total permanente.