DONOSTIA – Los datos fríos indican que el número de incapacidades laborales permanentes en Gipuzkoa ha caído un 20,8% desde la crisis de 2008 y que la tendencia a la baja continúa sin freno. En poco más de dos años, desde que llegó la pandemia del covid-19, la caída es ya del 6,5%. Y hoy en día, en nuestro territorio son 12.565 (datos a 1 de septiembre) las personas en situación de incapacidad total o absoluta. Lejos de las casi 15.900 personas que había en 2008 y que se sitúa sensiblemente por debajo de los 13.440 que había antes de la crisis.
La bolsa se vacía. Lo hace porque cada vez salen más de la misma y entran menos. Colectivos sociales y organizaciones sindicales habituales en la tramitación de expedientes de incapacidad laboral permanente aseguran que las oficinas de la Seguridad Social en Riberas de Loiola se han convertido en una especie de “búnker de difícil acceso” y que “para cualquier trámite andamos como locos”.
Por si eso fuera poco, según ha podido saber este periódico, en los últimos días se ha producido una reducción drástica en la plantilla de médicos evaluadores. De un plumazo. Un 33% menos de efectivos en la primera línea de atención, donde se evalúa a los pacientes y se emiten los preceptivos expedientes para el tribunal médico que más tarde dictará la resolución: si un trabajador debe volver a su puesto o si se le concede la incapacidad permanente.
Menos médicos, menos citas
En los últimos años la plantilla de médicos evaluadores de la Seguridad Social en Donostia ya había caído progresivamente de los 16 hasta los nueve efectivos con los que ha funcionado hasta bien entrado octubre. La reducción se produjo a costa de vacantes que no se cubrían.
A la chita callando. Jubilación que llegaba, plaza que quedaba vacía, sin repuesto. Pero la pasada semana se pasó del goteo al chorro, tras prescindir la Seguridad Social de los servicios de tres de ellos, algunos con varios años de experiencia, según ha podido saber este periódico. A partir de ahora, por tanto, serán solo seis y las personas que atiende este grupo de médicos a diario pasarán de 72 diarias a 48.
Y ello se traducirá indefectiblemente en mayores listas de espera y tramitaciones más lentas para quienes intentar conseguir una incapacidad.
Las fuentes consultadas por este periódico constatan la creciente dificultad de acceso a los servicios de la Seguridad Social en los últimos meses y años. Jesús Uzkudun, un veterano en estas lides, líder de la asociación Asviamie en la lucha por el reconocimiento del mesotelioma pleural a raíz del amianto, nos explica su experiencia. “Es un desastre. La oficina de Donostia se ha convertido en un búnker para acceder”, lamenta. Acudir para recibir información presencial se ha convertido en algo “directamente imposible”.
Asegura que esta situación no es exclusiva de la delegación de Gipuzkoa y detalla casos sangrantes en Araba y Cantabria. No solo en la primera evaluación, que ya se demora cada vez más, sino en los plazos de resolución. “Me consta un caso que llevamos más de un año esperando la resolución en Reinosa (Cantabria) y casi un año también otro en Vitoria”, asegura.
Pero los problemas parten de raíz. Las citas previas para ser atendido presencialmente solo pueden solicitarse por teléfono o por Internet y “por teléfono es casi imposible que te atiendan. Tan difícil como que te toque la lotería”, asegura Uzkudun, que tiene sus “trucos”, “horarios y días específicos” en los que le resulta más fácil conseguir cita online. Pero resulta “imposible”, dice, obtenerla a menos de un mes vista.
Teléfonos que no contestan y ordenadores que no ofrecen alternativas convierten en un desafío conseguir cita previa, especialmente para quien no conoce los recovecos del sistema. Y sin la cita previa, no es posible ni siquiera acceder al recinto. Sin opción de atención en primera persona.
La situación, incide Uzkudun, afecta a más servicios, no solo al de la evaluación médica. “He visto delante de la Seguridad Social a gente desesperada, sobre todo inmigrantes. Recuerdo uno que tenía cita, llegó cinco minutos tarde por el trabajo, y le dijeron que si tenían tiempo al final de la jornada le verían”, asegura.
Concentración, todos los jueves
Este malestar tiene su reflejo todos los jueves con una concentración de protesta. Un pequeño grupo de personas lleva “varias semanas” apostado frente a la puerta de la sede de la Seguridad Social en Riberas de Loiola, profiriendo proclamas y protestando tras una pancarta. Gente “molesta por la falta de atención”.
Critican el hermetismo de la Seguridad Social y sienten vulnerados sus derechos de asistencia en este servicio público que le cierra la puerta en los morros y se parapeta tras un sistema informático sobrecargado y un teléfono que no atiende.
Una situación que se agrava en el caso de personas mayores. La queja de este colectivo va más allá de las evaluaciones médicas y afecta ya a todo el sistema. “Quiero entrar en el instituto nacional de la Seguridad Social. Me tiene que atender un funcionario”, gritaba la semana pasada uno de estos manifestantes, encarado al vigilante de seguridad que le impedía el acceso en la puerta. “Quiero que me atiendan, quiero entrar al instituto nacional de la Seguridad Social”, insistía el hombre, sin éxito.
Los datos
Un trámite obligado. La evaluación de los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social es un requisito imprescindible en todo proceso de solicitud de incapacidad laboral permanente. Su informe se remite a los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), popularmente conocidos como “tribunales médicos”. Esta comisión o tribunal médico está compuesta por un médico del INSS, otro del Departamento de Salud, administrativos y un inspector de Trabajo. A ellos les corresponde, con el informe realizado por los médicos evaluadores del INSS, resolver los expedientes. Y para ello emiten una propuesta-dictamen que finalmente resuelve el director provincial, estableciendo la cuantía de la prestación.
Cada vez más difícil. Gran parte de las resoluciones del INSS deniegan la incapacidad permanente al trabajador. De hecho, los criterios se han endurecido en los últimos años. Atrás quedaron tiempos en los que conseguir la incapacidad resultaba más sencillo. Muchos de estos casos rechazados terminan en los juzgados de lo Social. Tras la resolución de incapacidad permanente denegada, en cuanto el solicitante recibe el alta médica debe reincorporarse a su empresa o exponerse a perder su empleo.
