La práctica unanimidad que se vivió ayer en el Parlamento Vasco a la hora de aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática fue fiel reflejo de la especial sensibilidad que ha caracterizado a Euskadi desde hace décadas a la hora de llevar a la práctica políticas de memoria, así como a reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Una forma de proceder que le han situado como modelo a seguir en el Estado y que ahora se ve ratificada e impulsada al contar con un colchón legal que amplía incluso su alcance. Tal y como se afirmó durante el pleno, la aprobación de esta ley resulta más pertinente todavía por la actual ola de la dupla PP y Vox, que se ha propuesto derogar leyes análogas en comunidades como Cantabria y Aragón. La amplísima mayoría de la Cámara vasca aprobó la Ley de Memoria Histórica y Democrática después de aceptarse varias enmiendas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU al proyecto original del PNV y el PSE, lo que representa el 93% del Parlamento frente a los siete sufragios en contra del PP, Vox y C’s.
Miembros de numerosas asociaciones memorialistas siguieron el pleno desde la tribuna, así como la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, y aplaudieron la puesta de largo de una ley que “repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista”; articula los medios necesarios para “recuperar, restaurar y rehabilitar la memoria de las víctimas”, y establece un régimen sancionador que penaliza la apología del alzamiento militar y el posterior régimen de Franco.
Cualquier duda sobre si el PP al menos se abstendría quedó resuelta a las primeras de cambio con la intervención de su portavoz, Carmelo Barrio, que se mostró muy crítico con la nueva ley y avanzó el voto en contra de su bancada, al igual que lo hicieron los dos parlamentarios integrados en el Grupo Mixto, de Vox y C’s. Todos ellos coincidieron en considerar el texto legislativo parcial por no incluir a víctimas, dijeron, provocadas por el bando republicano y por la actividad de ETA, que ya atentaba durante el espectro temporal que abarca la ley, hasta 1979.
En sus respectivas intervenciones, el resto de grupos recordaron que las víctimas del terrorismo ya están amparadas por la ley vasca 4/2008. Respecto a las ejecuciones extrajudiciales por milicianos republicanos, el portavoz del PSE, Eneko Andueza, fue más allá al diferenciar entre “90 años de olvido frente a 40 años de glorificación; por eso con unos tenemos una deuda y con otros no tenemos absolutamente nada”. Añadió que con esta iniciativa “pretendemos generar una conciencia crítica de nuestro pasado”.
Mirar al futuro
Durante el debate, el parlamentario del PNV Joseba Díez afirmó que la “regulación de las políticas públicas” en esta materia busca “fomentar la memoria y el reconocimiento, y reforzar los principios éticos y democráticos”. Defendió a su vez que la memoria debe mirar al futuro, para transmitir esos principios a “las próximas generaciones”. “Esta ley no va contra nadie, sino a favor de todos”, apostilló.
Desde EH Bildu, Julen Arzuaga comenzó su intervención señalando que “somos antifascistas” y concluyó deseando que esta ley, que calificó como “un hito en el camino, no el final”, contribuya a transitar esa “lucha contra el fascismo”, lo que soliviantó a los grupos de la derecha. Recordó los procesos judiciales abiertos en los últimos días en Madrid y Barcelona contra torturas cometidas en el pasado, y sobre la Ley de Amnistía señaló que “no podemos derogarla pero sí convertirla en papel mojado”.
Jon Hernández, de Elkarrekin Podemos-IU, opinó que esta ley es “más necesaria que nunca” y llamó a “parar la ola reaccionaria” contra este tipo de normativas, que lleva incluso a eliminar murales memorialistas. Calificó al PP de “herederos de la dictadura”, lo que provocó un intercambio dialéctico con Carmelo Barrio, y abogó por “acabar con la legitimación del golpe de Estado y de la dictadura”.
Iniciativa de Vox
La oposición de las derechas a esta iniciativa quedó de manifiesto con la inclusión, en el mismo orden del día del pleno de ayer, de una iniciativa de Vox, transada con el PP, que instaba al Gobierno Vasco a realizar un homenaje a las víctimas ejecutadas extrajudicialmente durante la Guerra Civil por el bando republicano. Ante una Cámara semivacía, Amaia Martínez y Carmelo Barrio, respectivamente, dijeron que se trata de “víctimas silenciadas de forma intencionada” y acusaron al Ejecutivo vasco de negarse a hacer este reconocimiento. La iniciativa fue rechazada.
