Si Euskadi ya era un referente a la hora de desplegar políticas de memoria, ahora verá reforzadas las acciones de reconocimiento y reparación de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, gracias a la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.
El objetivo de la norma es regular las políticas públicas en este ámbito con el fin de promover la “reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencia religiosa”, según reza el texto.
Así, consolida normativamente y amplía el volumen de actuaciones desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, reforzando su trabajo de elaboración de informes sobre la vulneración de derechos humanos, de un censo de víctimas mortales o de la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.
Yendo al detalle del nuevo texto normativo, el mismo prevé que Gogora formará un equipo científico profesional para investigar y elaborar un informe base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936 y 1978, así como un informe con conclusiones que “recoja de forma fehaciente lo sucedido”.
También se creará el archivo de testimonios de la Guerra Civil y la dictadura en Euskadi, y Gogora establecerá un plan para coordinar la eliminación o resignificación de símbolos contrarios a la memoria histórica.
La ley fija además, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura. La creación de un banco de ADN de exhumaciones de Euskadi y de un centro documental, así como la elaboración de un catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la memoria histórica son otras de las novedades del documento aprobado.
En cuanto al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, la ley prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de “indemnizaciones complementarias a las ya materializadas” por Lakua. Las instituciones de la CAV prestarán asesoramiento y apoyo a todas las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada en la Guerra Civil y el franquismo.
El derecho a la justicia abarca ese conflicto bélico, la dictadura y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Se pondrá a su vez en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de “indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas”.
Hasta 150.000 euros
Se considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado y de la dictadura. La ley menciona expresamente elementos como placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para homenajear la sublevación militar, la victoria del bando nacional, la dictadura o a sus dirigentes.
También denominaciones de calles o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al régimen. En este sentido, establece una serie de infracciones, las muy graves sancionadas con hasta 150.000 euros. Las graves, con multas de hasta 10.000 euros, penalizan la difusión de expresiones ofensivas o vejatorias “contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares”, así como “cualquier tipo de enaltecimiento del franquismo”.
