Carles Puigdemont y su partido, Junts, llevan advirtiendo desde que se conocieron los resultados del 23-J de que no se fían lo más mínimo de Pedro Sánchez, pese a que están dispuestos a negociar en serio un apoyo a su investidura. Esa desconfianza lleva a los independentistas a demandar hechos concretos y comprobables antes de cerrar su respaldo a una hipotética votación en el Congreso de los Diputados para la reelección de Sánchez y, en esa lógica, Puigdemont demandó hoy una Ley de Amnistía previa a una investidura.

Es decir, JxCat quiere que el Ejecutivo español apruebe en Consejo de Ministros una norma que conlleve la desjudicialización total del 1-O y de los hechos de otoño de 2017 y, una vez esto sea una realidad, daría el sí al líder socialista en una investidura en la Cámara Baja.

El president en el exilio y fundador de Junts fijó las condiciones de su partido en una rueda de prensa en Bruselas en la que la amnistía fue la reclamación principal de cara a las negociaciones con los socialistas y con Sumar, la otra pata del Ejecutivo de coalición.

El tono de Carles Puigdemont fue exigente y tajante al reclamar un “compromiso histórico” del Estado hacia Catalunya pero, a efectos prácticos, no cerró las puertas a un acuerdo que permita a Pedro Sánchez revalidar la Presidencia del Gobierno español. Y es que Puigdemont, aunque no renunció a un referéndum de autodeterminación que sí se antoja una línea roja para Sanchez, lo aplazó a un escenario posterior a una investidura del líder socialista, dando así margen a que arranque la legislatura.

La exigencia para que esto se materialice es, por tanto, una Ley de Amnistía que el Gobierno español debe desarrollar y aprobar en un breve plazo de tiempo si quiere amarrar el respaldo de Junts para la reelección de Pedro Sánchez. Es ahí donde estará el principal campo de batalla en las conversaciones, no solo con JxCat, sino también con ERC.

Lo que quedó claro escuchando al president en el exilio es que existe una ventana de oportunidad para que pueda arranca una nueva legislatura, pero esta pasa en todo caso por la voluntad política de Moncloa para un acuerdo político amplio en el marco Estado-Catalunya que ponga fin a la judicialización que ha rodeado a todos los episodios del procés, en especial a los acontecimientos de octubre de 2017.

En resumidas cuentas, el fundador de JxCat reclamó al gabinete de Sánchez que reconozca la “legitimidad” del independentismo como actor político, la amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos; todo ello como condiciones previas para empezar a negociar su apoyo a la investidura del líder socialista.

Carles Puigdemont reconoció que estás condiciones están lejos de darse en este momento, pero son imprescindibles para que el diálogo con el Gobierno de coalición desemboque en un “acuerdo histórico” para unas nuevas relaciones con Catalunya y un nuevo mandato de Sánchez.

Si no se aceptan estos requisitos previos, sostuvo el líder independentista, “no tendría ningún sentido” embarcarse en una negociación de investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones.

Más allá, Puigdemont advirtió de que “solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O”, y añadió que a su entender no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo, aunque de momento no lo plantea como exigencia preliminar en la negociación con los socialistas.

“España, como decía, tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad”, concluyó el fundador de Junts.

Moncloa, optimista

Por su parte, el Gobierno español se mostró convencido de que se producirá un acuerdo para la investidura del actual presidente en funciones, después de conocer las condiciones expresadas por Puigdemont.

Así lo indicaron fuentes de La Moncloa a Europa Press, que consideran que las palabras pronunciadas el lunes por Sánchez, cuando afirmó que el acuerdo “se puede, se debe y se va a hacer”, siguen teniendo vigencia con las condiciones de Puigdemont ya sobre la mesa.

Creen además en el Ejecutivo que nada ha cambiado, respecto a si el acuerdo está más lejos o más cerca, porque los números siguen siendo los mismos, e interpretan que Puigdemont se dirigía fundamentalmente a su partido y a sus seguidores en el mensaje lanzado hoy.

Aunque el dirigente independentista mencionó la celebración de un referéndum, las fuentes de Moncloa interpretan que queda claro que las exigencias de amnistía y referéndum de autodeterminación se encuentran en planos distintos, es decir con prioridad la primera sobre la segunda.