El Consell per la República, espacio liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, defendió ayer preservar la “presunción de inocencia” de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya que su suspensión como diputada si le abren juicio oral implicaría una “pena de banquillo”.
La situación jurídica de Borràs, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental, fue abordada en la sesión telemática de la Asamblea de Representantes del Consell per la República.
Puigdemont no se pudo conectar a la sesión, “por motivo de vuelos y escalas”, según explicó la presidenta de la Asamblea de Representantes, Ona Curto, pero el resto de miembros del consejo de Gobierno del Consell sí respondieron a las cuestiones de los miembros de la Asamblea.
A pregunta del representante Jordi Roset, que se interesó por cuál será la posición del Consell per la República en caso de que abran juicio oral contra Borràs, la responsable de despliegue reglamentario del Consejo, Teresa Vallverdú, defendió el principio de “presunción de inocencia”.
En el actual “escenario de instrumentalización de la justicia”, subrayó, la presunción de inocencia es “una herramienta para acreditar su inocencia y para reivindicar la dignidad de todos”.
Una medida como la suspensión de derechos de Borràs, como puede acordar el Parlament en aplicación del artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana si le abren juicio oral por corrupción, conllevaría la llamada “pena de banquillo”, es decir, el desgaste de su reputación e imagen sin haber sido condenada, dijo Vallverdú.
“Estamos no ante un problema jurídico, sino un conflicto político, una persecución”, añadió, por lo que “cualquier pronunciamiento debe ser de contundencia y sobre todo de unidad”.
