Un país desequilibrado

Martínez no descubrió nada nuevo al referirse a la “desigualdad de trato” que sufre Gipuzkoa respecto a otros territorios vascos, en particular de Bizkaia, en lo que se refiere al destino de los impuestos que pagan los guipuzcoanos para sostener la Administración Pública Común Vasca y su estructura de empresas, fundaciones y entidades. El 32,8% que es el peso que, en términos demográficos, tiene Gipuzkoa en el conjunto de la CAV no tiene su traslación en la misma medida. Un diferencial del que se aprovechan los otros dos territorios.

No se trata del permanente agravio entre Bizkaia y Gipuzkoa y el consiguiente correlato de descalificaciones y rechazo por parte de los interpelados sin querer entrar en el fondo de la cuestión, sino de unos hechos constatables que tienen mucho que ver con un modelo de país que nada tiene que ver con el que se pretendía hace 45 años en términos de equidad y equilibrio entre los tres territorios que componen la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Hace ocho años, me refería a esta cuestión en un Quousque tándem! publicado el 29 de mayo de 2016, sin que la situación no solo haya revertido, sino que, durante este período de tiempo, se han producido algunas nuevas incorporaciones y nuevos hechos que denotan una desigualdad territorial en la presencia de la estructura de sociedades públicas vascas en todas sus formas.

Hasta tal punto el desequilibrio era tan llamativo, en lo que se refiere a la organización de congresos y eventos de carácter profesional por parte de las sociedades públicas vascas, que la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia propusieron la creación de un órgano institucional que repartiese de manera equilibrada la celebración de estos actos con arreglo al peso turístico de cada territorio. La propuesta, evidentemente, contó con el rechazo del Gobierno Vasco, -como cabía esperar-, a pesar de que un estudio encargado por la Oficina del Plan Estratégico de Donostia en junio de 2015, señalaba que el 54% de los congresos y eventos organizados con recursos públicos se habían celebrado en Bilbao y alrededores, mientras que Donostia había sido sede del 32% y Gasteiz del 12%.

Como bien dijo el secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, Bizkaia sigue ostentando el mayor número de sedes centrales de entidades públicas dependientes del Gobierno Vasco, con un total de 23, una más que hace ocho años, lo que significa el 46% del total de la estructura empresarial pública dependiente de Lakua.

Entre ellas destacan, al margen de la UPV-EHU y EITB, que generan importantes flujos económicos y de personas, sociedades como Euskotren, SPRI, EVE, Innobasque, Osalan, Ihobe, CES, CRL, etc, La última incorporación ha sido Itelazpi, que es la sociedad pública que gestiona la red de infraestructuras públicas de telecomunicaciones de Gobierno Vasco. Se da la circunstancia de que en esa lista se encuentra el Archivo Histórico Nacional de Euskadi, que antes estaba en Bergara, o el Instituto de la Memoria, Gogora, cuando Gipuzkoa ha sido, con toda probabilidad, el territorio donde mayor afectación ha tenido en términos de violencia en los últimos años en este país.

En lo que se refiere a Araba, -que cuenta con el efecto de la capitalidad política de Gasteiz, al ser la sede del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco-, en este territorio se ubican un total de 22 sociedades públicas, con varias nuevas incorporaciones, lo que supone el 44% del total. Caben destacar Osakidetza y la Ertzaintza, que movilizan importantes recursos humanos y financieros, Lanbide, Visesa, Alokabide, Euskal Kirol Portuak, etc.

Una de sus últimas incorporaciones ha sido la Agencia Vasca de Ciberseguridad, que se proyectó para combatir la ciberdelincuencia y dar protección a las infraestructuras y datos públicos, así como a las empresas, cuando la Diputación de Gipuzkoa, tenía ya muy adelantado el desarrollo del Centro de Ciberseguridad Industrial Ziur, lo que ha provocado que su ámbito quede reducido a las compañías del territorio, en vez de dotarle de una dimensión general vasca. Todo un ejemplo de cooperación institucional.

Con todo este entramado de empresas públicas, Gipuzkoa aparece como la hermana pobre, ya que la estructura pública común en el territorio se reduce a cinco entidades de carácter cultural y educativo de promoción y desarrollo del euskera, y que no generan grandes flujos financieros. La lista que supone el 10% del total está compuesta por la Fundación Musikene, Museo del Ferrocarril, Orquesta de Euskadi, Instituto Etxepare y HABE.

Por si esto fuera poco, el secretario general de la Asociación de Empresarios de Hosteleria expuso, en su comparecencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa, otros dos ejemplos que ahondan más en esta desigualdad que padece Gipuzkoa. Por un lado, el cuasi monopolio que ejerce el aeropuerto de Loiu, que cuenta con un tráfico de pasajeros del 89% del conjunto de las infraestructuras aeroportuarias vascas, según datos del año 2023, con un total de 6.366.441 personas, frente a las 482.662 personas, es decir, el 6,7% del total que utilizan Hondarribia. Y todo ello, cuando los parámetros en términos de PIB turístico no son los mismos. Bizkaia supone el 49%, mientras que Gipuzkoa se sitúa en el 41%.

En enseñanza universitaria, las diferencias también son importantes en lo que a la oferta de grados y dobles grados que la UPV-EHU ofrece para el próximo curso. Bizkaia copa el 52% con 64, mientras que Gipuzkoa registra el 23% con solo 28, en tanto que Araba se queda con 30, lo que supone el 25% del total. Esta es una muestra de que el desarrollo del campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU no ha sido armonioso y no ha tenido el crecimiento que debería de haberle correspondido, debido a la ubicación del rectorado en Leioa y a que todos los rectores, salvo Nekane Balluerka, han sido vizcaínos. Menos mal que Pedro Miguel Etxenike y su Donostia International Physics Center (DIPC) han servido de referencia y han ejercido como elemento tractor para la ubicación en la capital donostiarra de institutos y entidades dedicadas a la investigación científica.

Con este panorama la conclusión que se extrae es evidente, no solo en términos de agravio para los guipuzcoanos, que no se ven correspondidos con el peso que como territorio tienen en el conjunto de la CAV, sino en lo que se refiere a no disponer de los beneficios que esas sociedades públicas generan en el entorno donde están ubicadas. Por eso, sería interesante que, desde un planteamiento riguroso, se analizase los efectos que esta distribución tan desigual del entramado societario público dependiente del Gobierno Vasco tiene sobre la economía guipuzcoana, en relación al empleo que generan y su peso sobre el total del territorio donde tienen su sede, la desventaja competitiva que esta realidad tienen para las empresas guipuzcoanas a la hora de formar parte de su estructura de gasto al no estar próximas a los centros de decisión, los costes en desplazamientos motivados por la distancia, etc.

Resulta paradójico que siendo Gipuzkoa el territorio con mayor sensibilidad abertzale de la CAV, a juzgar por el resultado de las últimas elecciones vascas, la presencia del entramado de sociedades públicas del Gobierno Vasco sea tan exigua. Un dato que deberían tener en cuenta los futuros nuevos gobernantes de este país.