"Modelo de país", por Carlos Etxeberri
En los últimos años se ha producido una continuada y pertinaz querencia de centralizar todo lo importante de este país en Bizkaia, sin tener en cuenta la realidad económica y social de los otros dos territorios de la Comunidad Autónoma Vasca
Dice la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que la decisión de ubicar en Donostia la sede de Ayesa Digital, tras su adquisición por parte de consorcio vasco, es “absolutamente coherente y lógica” y “que no tenía sentido pensar en ninguna cosa diferente”, en clara coincidencia con el sentir de la gran mayoría de los guipuzcoanos desde que se conoció la operación de compra.
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Pero habrá que recordar que, esa “lógica”, basada en el peso que ha supuesto la antigua Ibermática en el crecimiento y desarrollo de Ayesa Digital tras su compra por la compañía sevillana y la raigambre de una empresa tecnológica nacida en Donostia en 1973 y pionera en su sector, antes de que surgieran los gigantes Microsoft, Apple o Google, se desvaneció cuando el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en un foro público en Donostia, a principios del pasado mes de diciembre, y ante la sorpresa de los asistentes, dejó en el aire y sin aclarar la ubicación de la sede social de la compañía adquirida señalando que era una decisión de los nuevos accionistas.
Llamó la atención que un miembro del Gobierno Vasco, que es uno de los accionistas de la Ibermática “repatriada”, no tuviera en consideración el origen, -a iniciativa de la entonces Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián y Telefónica-, la historia y la estrecha vinculación de esa compañía con Donostia. Días más tarde. se dio a conocer la participación como socio industrial de la empresa vizcaína Teknei, cuya participación en la operación va a ser, al parecer, de diez millones de euros, lo que significa el 2,08% del total de la inversión destinada a la adquisición de Ayesa Digital.
Desaparecida esa “lógica” y teniendo en cuenta que el diseño de la operación de compra de Ayesa Digital fue diseñada desde Bizkaia, sin contar desde su inicio con agentes guipuzcoanos, que fueron invitados en última instancia a sumarse a la iniciativa, como en el caso de la fundación bancaria Kutxa, ha podido aflorar entre los guipuzcoanos una nueva sensación de agravio respecto al territorio al otro lado del rio Deba, -léase Bizkaia-, que tiene su origen en la toma de decisiones a lo largo de los años rompiendo con aquel modelo de país equilibrado diseñado cuando se recuperó el autogobierno.
No es una cuestión de provincianismos, ni de enfrentamientos entre territorios, se trata simplemente de constatar que en los últimos años se ha producido una continuada y pertinaz querencia de centralizar todo lo importante de este país en Bizkaia, sin tener en cuenta la realidad económica y social de los otros dos territorios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), desde la adopción de decisiones, algunas de ellas poco consistentes desde la lógica y el sentido común, que, en algunas ocasiones, se han producido desde una visión petulante de la realidad.
Hace tres años, 42 jefes de Servicio del Hospital Universitario de Donostia tuvieron que reaccionar para evitar que el tratamiento de carcinomatosis peritoneal y su investigación médica, donde es un centro referente, fuera trasladado a hospitales vizcaínos por decisión del departamento de Salud. Por no hablar de la centralización en Bilbao de Kutxabank, el banco resultante de las tres cajas de ahorro, o de la sede del centro tecnológico Tecnalia, hoy, desgraciadamente sin la visibilidad pública del pasado, por mor de pasadas decisiones políticas.
En el entramado de empresas y organismos públicos dependientes del Gobierno Vasco, en Gipuzkoa están ubicadas las sedes de seis de ellos, todas vinculados al mundo de la cultura y la promoción y desarrollo del euskera que no cuentan con los grandes presupuestos e importantes recursos financieros que manejan entidades como Osakidetza, Ertzaintza, EITB, etc. Bizkaia cuenta con 23 sedes de sociedades y organismos públicos del Gobierno Vasco y Araba con 20. Todo un ejemplo de modelo equilibrado de país atendiendo a la realidad económica, social y demográfica de sus territorios.
La decisión que han tomado los accionistas de Ayesa Digital de ubicar su sede en Donostia no significa, en principio, que se haya abierto la puerta a una eventual incorporación de la fundación bancaria Kutxa, ya que, reconociendo que es un elemento positivo, no invalida la decisión de sus patronos que se basa en un informe de los técnicos financieros de la entidad cuya recomendación es clara: La inversión no se justifica teniendo en cuenta las variables de negocio, riesgo y retorno. La esencia de la operación, que comporta una serie de riesgos e incertidumbres, desde un punto de vista inversionista no cambia, al margen de donde se haya decidido instalar la sede social y fiscal.
Para que los patronos de Kutxa retomen nuevamente el asunto de su participación en Ayesa Digital deberían de contar con un nuevo informe de los técnicos financieros y economistas de la entidad para su análisis en la respectiva comisión de inversiones y posterior aprobación por el patronato, a partir de nuevas variables que pudieran presentarse y que no se aportaron el pasado mes de diciembre. A día de hoy, que se sepa, parece que no ha habido ningún cambio de situación respecto a la de hace dos meses, cuando decidieron no participar en la operación. De hecho, la semana que viene está prevista una reunión del patronato, sin que en el orden del día se recoja este asunto.
En aquel informe, los técnicos de la fundación bancaria Kutxa aseguraban que Ayesa Digital es un negocio que no ofrece elementos innovadores propios en un sector de alta competencia con una actividad poco diversificada en clientes y sectores, estrechez de márgenes vinculados a costes laborales, a lo que hay que sumar una falta de experiencia contrastada por parte del inversor industrial, entre otras consideraciones.
La posibilidad de reconsideración de la decisión adoptada por el patronato, al margen del procedimiento establecido, puede tener una serie de consecuencias y riesgos si tenemos en cuenta que la fundación bancaria Kutxa es una entidad autónoma e independiente que está supervisada por el Patronato del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que fiscaliza y controla la gobernanza, así como su participación en Kutxabank y por el Banco de España, que aprueba su plan financiero, en tanto accionista de una entidad de crédito, “atendiendo a la posible influencia de la fundación bancaria sobre la gestión sana y prudente de la citada entidad”, según se recoge en el artículo 44 de la ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias.
De la misma manera, hay que constar que una posible revocación de la decisión no objetivada bajo argumentos financieros y económicos puede tener también efectos en los patronos de la fundación bancaria Kutxa, que deberán responder de manera subsidiaria si se demuestra que se ha producido un daño patrimonial a la entidad, que deberá acreditarse y cuantificarse. El artículo 47 de los estatutos de la fundación bancaria Kutxa señala que “los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y, quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel”.
Y, por último, una posible intervención de los supervisores, en el supuesto de la adopción de un acuerdo controvertido, puede suponer también consecuencias en el modelo “sui generis” de composición del patronato de la fundación bancaria Kutxa que es más democrático y no tiene nada que ver con otras entidades similares cuyos miembros son profesionales cualificados independientes. En el caso de Kutxa, su patronato responde a la realidad social guipuzcoana expresada en la representación de los grupos políticos presentes en las Juntas Generales, a los que hay que sumar dos representantes de las entidades fundadoras (Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) y un representante de los trabajadores de Kutxabank. Por eso, es muy importante, tener en cuenta estos escenarios a la hora de la toma de decisiones que obedezcan a criterios exclusivamente políticos y de conveniencia electoral, sin tener en cuenta los propiamente económicos y financieros que, son, al fin de cuentas, lo verdaderamente sustantivo.
