La adquisición de Ayesa IT por parte del consorcio vasco formado por Kutxabank, Fundación Bancaria BBK, Gobierno Vasco y Teknei, al que se podría sumarse la Fundación Vital –que condiciona su participación al beneficio que de la operación puede extraer en favor de Araba–, ha provocado una auténtica tormenta política en Sevilla, donde está la sede y el origen de la compañía, al ver en peligro los 3.500 empleos que tiene en esta ciudad por el traslado de la sede social y del centro de decisión a Euskadi.
En la capital andaluza la adquisición de Ayesa IT, de la que forma parte la antigua Ibermática, se ha interpretado como una operación política por la participación del Gobierno Vasco en la misma, con lo que todas las acusaciones se han dirigido a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno Bonilla, incluso al propio alcalde de Sevilla, por su inacción para evitar la deslocalización de esta empresa a la que consideran tractora en el ámbito tecnológico y una de las más importantes de la ciudad.
La tensión política ha llegado a tal nivel que el PSOE andaluz ha preparado una batería de preguntas al Gobierno de Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía para que responda ante esta falta de reacción que parece evidenciar la ausencia de una política industrial y el peligro a una fuga de talento, que parece estructural, ya que esta región se sitúa entre las cuatro estatales con mayores dificultades de atracción de conocimiento en el sector tecnológico.
El comité de empresa de Ayesa también ha mostrado su preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo y califica de desidia la actuación de la Junta de Andalucía porque, teniendo conocimiento de la operación, podría haber intentado junto con el Gobierno Vasco realizar una compra parcial a través de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Andalucía TRADE).
Hasta ahora, la respuesta de los miembros del Gobierno andaluz parece que no ha convencido en algunos casos por su simpleza y, en otros, por utilizar nuevamente el sambenito del Cupo y los supuestos privilegios de los vascos con el Concierto Económico. Este es el caso del consejero de Industria, Jorge Paradela, que tras manifestar que su gobierno “no dispone de instrumentos para participar en el capital de grandes empresas, sino en la captación de inversiones, debido en parte a la falta de financiación”, a diferencia del Gobierno Vasco, que dispone de unos “muy poderosos” gracias al Cupo. Para no salirse del guion del PP, Paradela apostilló que esa situación también se va a repetir en Catalunya gracias a la financiación singular que va a disponer por el pacto suscrito entre el PSOE y ERC, “lo que será otro motivo de desigualdad”.
Al margen de que la política andaluza se halla calentando motores en vísperas electorales, la causa de estas disputas está en el origen mismo de Ayesa IT, que no es otro que la compra en enero de 2011 por parte de esta empresa –que solo era una ingeniería–, del 51% de la empresa pública Sadiel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y el Desarrollo) por 35 millones de euros, como consecuencia de la privatización por parte de la Junta de Andalucía, presidida por el socialista José Antonio Griñán, que participaba en esta empresa, junto con Endesa y Cajasol, lo que le permitió entrar por primera vez en el negocio tecnológico.
En 2015, se culmina la privatización al hacerse Ayesa con el 100% del capital, con lo que la compañía gana en tamaño y forma una alianza con el fondo de capital riesgo londinense A&M Capital Europe, que toma una participación del 67% en la empresa. Con este aliado, Ayesa inicia una fase de crecimiento inorgánico con la adquisición de varias empresas, entre ellas, Ibermática, lo que le permite aumentar de manera importante la facturación hasta alcanzar los 559 millones de euros en 2024.
Precisamente, por ese origen tan estrecho con la Junta de Andalucía, que es uno de los principales clientes de Ayesa, al igual de Endesa, que, curiosamente, ha sufrido un ciberataque hace unas semanas, no hay que echar en saco roto las declaraciones del consejero de Industria, Jorge Paradela, a El Correo de Andalucía: “El motor del negocio tecnológico de la actual Ayesa está en Sevilla y, aunque la razón social se traslade al País Vasco, que solo representa el 10% de la actividad, el calibre profesional y el talento de los ingenieros y empleados andaluces es la mejor garantía sobre su futuro en la empresa, que no está en peligro”. De una plantilla de 11.000 trabajadores que tiene Ayesa, 3.500 están en Andalucía y 2.000 en Euskadi. Veremos.
Está claro que la operación por “repatriar” Ibermática utilizando recursos públicos o semipúblicos plantea serias dudas a futuro al tratarse de una empresa madura de servicios y de gestión de procesos con unos márgenes muy reducidos, en el mejor de los casos, llegando al 10%, según los analistas. Ahora la tendencia es invertir en software y en inteligencia artificial, que ofrecen márgenes del 40 y 50% y un gran desarrollo futuro, por no hablar del sector de las biotecnologías y biociencias.
Por otro lado, parece que la rapidez con la que se ha hecho la operación, al parecer por las necesidades del fondo A&M Capital Europe por deshacerse cuanto antes de su participación en Ayesa y aflorar las plusvalías generadas, algo de manual en los private equity, no ha sido de los más conveniente, debido precisamente a esas premuras. Lo normal hubiera sido establecer una operación management buy-out (en la que el equipo directivo compra la propia empresa, a menudo con apoyo externo) con la familia Manzanares, propietaria del otro 33%, debido al conocimiento del negocio y su ascendencia interna en la empresa, así como su vinculación con el territorio donde está ubicada. Es decir, repetir el modelo que se ha utilizado en el caso de la recuperación del grupo Uvesco.
De la misma forma, habría que establecer algún instrumento corrector, parecido a la extinta acción de oro, detentado por el Gobierno Vasco, que sirva para evitar situaciones de conflicto y presión como las que se han producido en el caso de Ayesa IT, donde el socio mayoritario de Kutxabank, en este caso la Fundación Bancaria BBK, que detenta el 57% del banco, decida entrar en una operación de inversión en una empresa bajo el señuelo de ser estratégica, sin contar con la aquiescencia del resto de los socios, es decir, Kutxa Fundazioa, con el 32% de las acciones, y Fundación Vital, con el 11%. Curiosamente, a las que se les ha pedido la adhesión con todo tipo de premuras, como ha sido el caso, a un proceso diseñado y acordado por otros.
La pregunta que hay que hacerse es qué hubiera pasado si los patronos de Kutxa Fundazioa hubieran decidido entrar en la operación de compra de una empresa cuya sede social se decide en última instancia ubicarla en la localidad vizcaina de Zamudio, donde se situará con toda probabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad subsidiaria de los patronos que han tomado esa decisión?
Por otra parte, una política industrial que favorezca el arraigo no solo se traduce en “repatriar” a las grandes empresas que han pasado a manos de gestoras de capital riesgo foráneos, sino también a establecer instrumentos financieros para que las pymes con problemas de crecimiento, o con dinámicas de ausencia de relevo, no desaparezcan o se deslocalicen. El arraigo también supone que las empresas, instituciones y organizaciones públicas adquieran bienes y productos fabricados en este país con la misma calidad y prestaciones de los que vienen del extranjero.
En este caso, es sorprendente que la Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus), que es una empresa municipal, tenga en la flota de los autobuses que dan servicio urbano en la capital donostiarra solo tres vehículos Irizar, fabricados en la localidad guipuzcoana de Aduna, cuando la gran mayoría son de la marca alemana Man. Una situación que sería muy extraña y paradójica que se diese en países como la propia Alemania, Francia o en el caso de Polonia, que cuenta con un importante fabricante, y que acostumbran a defender de manera importante su industria y los productos manufacturados en sus países.
Se da el caso de que cientos de autobuses Irizar están circulando por toda Europa, no solo en el Estado español, sino en países como Francia, Suiza, Alemania, Gran Bretaña o la misma Polonia, mientras que la presencia de estos vehículos en las calles donostiarras es prácticamente testimonial. Por no hablar de las otras dos capitales vascas, sobre todo Vitoria, donde los vehículos fabricados en Aduna tienen una gran presencia. Irizar forma parte de la lista de los diez primeros fabricantes de autobuses urbanos europeos que, curiosamente, está liderada por la china Yutong, El arraigo y el desarrollo de un territorio también viene por el fomento de la adquisición y consumo de productos Made in Gipuzkoa, sobre todo si el comprador es una empresa pública. Es potenciar el kilómetro 0 de nuestra industria y tecnología.
