En economía dos y dos siempre serán cuatro, pero en política la aritmética parece carecer de reglas y puede discurrir por unos escenarios fuera de la realidad tanto al alza como a la baja dependiendo del criterio ideológico que se quiera defender. Los objetivos son muy distintos y no tienen por qué ceñirse a la realidad tangible de los números. Aquí el papel suele aguantar todo hasta que se topa con la materialidad de la situación y de los hechos.
En los debates que se han celebrado hace unos días en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Donostia, en los que se insta al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que “trabajen” para que Kutxa Fundazioa revoque su decisión de no entrar en el consorcio vasco que ha adquirido Ayesa Digital (Ibermática) por no estar clara la inversión en términos de riesgo, negocio y retorno, los proponentes de estas iniciativas no han utilizado ningún argumento económico que invalidara el informe de los técnicos de la fundación bancaria, sino que su interés se ha centrado en la ubicación de la sede de esta empresa sevillana en Donostia, atendiendo a razones históricas.
Tanto los portavoces de EH Bildu como los del PSOE, que se unieron en una pinza de simulación de posibles escenarios políticos futuros, obviaron los serios riesgos de invertir en un negocio muy maduro cuya actividad, que es la de “ceder” personal cualificado a otras empresas, está siendo mermada por la aplicación de la inteligencia artificial, con la consiguiente reducción en la prestación de esos servicios digitales que, generalmente, se dirigen a la Administración pública y a grandes empresas.
Ayesa Digital es una consultoría intensiva en personal, donde el tamaño es fundamental para mantener los márgenes ante la constante presión de los precios, a la que no se conoce actividad innovadora propia ni valor añadido tecnológico, frente a otras empresas vinculadas a la computación cuántica y, precisamente, ubicadas en Donostia, que han lanzado un buen número de patentes en el ámbito de la inteligencia artificial. En esta coyuntura incierta, hay que destacar que Ayesa Digital cuenta con una plantilla de 11.000 personas en todo el mundo, de los que 3.000 están en Andalucía, 2.000 en Euskadi y 500 en el centro de trabajo de Donostia, que acaba de firmar un convenio colectivo con un aumento salarial del 2,2%.
Maddalen Iriarte (EH Bildu) y José Ignacio Asensio (PSE) no han hecho mención al precio de 480 millones de euros que el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno Vasco –es decir disposición de recursos públicos–, ha pagado por repatriar Ibermática, que en el año 2022 fue vendida por unos 160 millones. Una plusvalía de 320 millones de euros que han obtenido el fondo de capital riesgo británico A&M Capital y la familia Manzanares, propietarios de Ayesa Digital, con una participación del 67% y 33%, respectivamente. En general, en operaciones de inversión el precio razonable está en multiplicar por siete el ebitda que, en el caso de Ayesa Digital, es de 50 millones de euros, con lo que estaríamos negociando a partir de los 350 millones. La cifra de 480 millones de euros que se ha pagado se considera alta para la empresa que se ha adquirido, según estimaciones de los expertos.
Por qué esos dos dirigentes políticos no se han preguntado sobre la falta de interés existente en esta inversión por parte de ningún fondo privado vasco o de los propios directivos de Ayesa Digital, como ha ocurrido en el caso del Grupo Uvesco, si la operación es tan atractiva como parece derivarse de sus manifestaciones.
También es relevante recordar la génesis de la operación de compra de Ayesa Digital y las presiones de las que fue objeto Kutxa Fundazioa por parte de los promotores de la iniciativa para que se sumara al proyecto, sabiendo que no encajaba en los planes estratégicos de la entidad guipuzcoana, que tiene su propia política de inversiones, más pegada a la realidad del territorio. Qué respuesta argumentada y fiable puede haber cuando en medio del análisis técnico de la inversión, los promotores de la operación facilitaban datos determinantes desconocidos hasta entonces, como que la participación del socio industrial Teknei se reducía a la mitad, de 10 millones de euros a 5 millones, es decir, el 1,04%, o que Ayesa Digital no cuenta con ningún activo en Euskadi, ya que sus sedes de Donostia y Zamudio están alquiladas a un fondo francés. Por no hablar de la futura salida a Bolsa, una vez hecha la integración con Teknei, que tiene como objeto recuperar la inversión por parte de algunos miembros del consorcio y colocar esas participaciones entre inversores minoristas.
Los promotores de estas iniciativas institucionales, que suponen toda una injerencia política, no han tenido en cuenta que Kutxa Fundazioa es una entidad autónoma e independiente, que “ejerce una función subsidiaria y no sustitutiva de la intervención pública en el desarrollo y sostenimiento económico y social” de Gipuzkoa, y que el desarrollo de su actividad está sujeto a “la adecuada gestión de su patrimonio”, según se recoge en el artículo 6 de sus estatutos. Con lo que, en el supuesto de que la entidad hubiera aprobado la participación de 60 millones de euros en la adquisición de Ayesa Digital, tal y como se solicitaba, qué responsabilidad subsidiaria hubieran tenido los patronos de la fundación si esa inversión con un nivel de apalancamiento elevado y riesgo significativo tenía como destino una empresa cuya sede social y fiscal se fija en Bizkaia, que es lo más probable atendiendo al origen de los promotores. ¿Cuál sería la reacción de EH Bildu y del PSE en este caso ante este supuesto daño patrimonial?
Esa desautorización implícita que han hecho los junteros y los concejales donostiarras de EH Bildu y el PSOE a la decisión de Kutxa Fundazioa puede poner en peligro el propio modelo de la fundación, cuyo patronato tiene una composición diferente al de las otras dos fundaciones socias de Kutxabank, y que responde a la realidad social guipuzcoana, ya que es un fiel reflejo de la representación ciudadana presente en las Juntas Generales, a los que se suman representantes de organizaciones sociales y trabajadores del banco. En el caso de BBK y Vital, sus patronatos están compuestos por profesionales cualificados.
Al ser una fundación bancaria, Kutxa Fundazioa está supervisada por el Protectorado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que fiscaliza y controla la gobernanza y su participación en la entidad de crédito, es decir, Kutxabank, y también por el Banco de España, en lo que se refiere a la supervisión financiera y contable de la entidad.
Y mientras en las Juntas Generales de Gipuzkoa se aprobaba la rectificación de la decisión de Kutxa Fundazioa, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, se reunía con su homólogo andaluz, Jorge Paradela, en el marco del congreso de Industria que se ha celebrado estos días en Bilbao, para hablar de Ayesa Digital y transmitir un mensaje de tranquilidad a los 3.000 trabajadores que tiene en Andalucía.
Lo sorprendente de la reunión es que Jauregi se comprometió a estudiar la posibilidad de que “el perímetro” de Ayesa Digital en Andalucía pueda conservar y tener un NIF propio atendiendo a la petición expresada por el consejero andaluz, quien agradeció la disposición de su homólogo vasco. Según Paradela, “ha sido el talento andaluz en gran medida el que ha permitido a la compañía progresar de una manera tan importante en los últimos años, y ese talento y esa competencia de los empleados andaluces es lo que ofrece unas perspectivas de futuro verdaderamente interesantes”.
Llama la atención el interés del consejero andaluz porque Ayesa Digital conserve el NIF que tiene hasta ahora, cuando en el momento en que esa empresa se ubique en Euskadi, este registro será el de la Hacienda foral en donde se establezca la nueva compañía, que operará de manera unitaria en todos los centros de trabajo de la firma, tanto los vascos como los que están fuera de Euskadi. Otra cuestión es el que consejero Paradela pretenda que la parte andaluza de la actual Ayesa Digital se constituya como filial de la nueva compañía, con lo que, al ser una sociedad distinta y tener personalidad jurídica propia, puede tener un NIF distinto al de la matriz. Un asunto que debería de aclararse cuanto antes y que revela la gran preocupación que existe en Sevilla por el futuro de la compañía tras la compra por parte del consorcio vasco. Cuestión distinta es el IVA y el Impuesto de Sociedades que se reparten, según se realice la actividad, aplicando la regla del 75/25, tanto en la Hacienda foral como en la estatal. En lo que se refiere al IRPF, las retenciones de los trabajadores andaluces las realizará la correspondiente Hacienda foral.
No hay que olvidar que la Junta de Andalucía es uno de los clientes más importantes de Ayesa Digital tras la adquisición de la empresa pública Sadiel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y el Desarrollo), que fue privatizada hace algunos años por el gobierno autónomo, y que esta compañía es una de las más importantes tecnológicas de Sevilla que está perdiendo posiciones frente al auge industrial de Málaga. De ahí las reacciones que se están produciendo en los ámbitos políticos, sociales y de los trabajadores por la venta de esta compañía vinculada a una familia muy arraigada en la capital hispalense. Veremos.
