El cierre de la compra del 29,76% del capital de Talgo que ha materializado el consorcio liderado por el empresario José Antonio Jainaga y el Gobierno Vasco, en el que participan las fundaciones BBK y Vital, significa el fin de un periodo de incertidumbres que puede ser normal en un proceso de adquisición de una empresa, pero que, en este caso, aparte de tener un componente político que es el de “repatriar” a una empresa con sede social y centro de decisión en Madrid, se le suma la investigación judicial de la Audiencia Nacional por la supuesta venta de acero de Sidenor, -la compañía presidida por el empresario vasco-, a una empresa militar israelí. Hoy se puede decir con rotundidad, una vez que se materialicen los documentos notariales, que Talgo es ya una empresa vasca.
Como las casualidades no existen, sorprende que en este proceso, que ha tenido sus altibajos debido a la situación financiera de la empresa, haya aparecido un juez para añadir un poco más de dificultad al desarrollo de una operación en la que el Gobierno del lehendakari Pradales se juega la credibilidad y la eficiencia de su política industrial al poner a funcionar todos sus instrumentos y resortes financieros en este objetivo, mientras que los poderes fácticos españoles, algunos con memoria pretérita, están viendo como una de las joyas industriales tecnológicas por las que el franquismo se vanagloriaba se traslade ahora a territorio “irredento”. Para algunos, el Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol (Talgo) es consustancial a un entorno determinado como es Madrid, por lo que cualquier cambio de sede y centro de decisión se convierte en traición.
Sorprende que la Audiencia Nacional, a través del juez Francisco de Jorge, -al parecer, según algunas fuentes, de perfil conservador-, haya decidido investigar solo a José Antonio Jainaga y a dos directivos más de Sidenor por presuntos delitos de contrabando y complicidad en un crimen de lesa humanidad o genocidio, cuando, se supone, no será difícil encontrar en todo el Estado español a alguna otra compañía que haya mantenido alguna relación con firmas israelitas durante los años que dura la ocupación sionista en Palestina.
Y mientras Talgo parece que ha iniciado viaje con destino a la estación terminus de Araba, la Fundación BBK, que cuenta con la ayuda en cash del Gobierno Vasco, -tal y como ha manifestado el consejero de Industria, Mikel Jauregi-, ha anunciado su intención de recuperar la antigua Ibermática presentando una oferta no vinculante por la división tecnológica de la empresa sevillana Ayesa por un valor de 500 millones de euros, incluida la deuda.
Llama la atención que, siguiendo la estela de Talgo, la Fundación BBK con el apoyo del Gobierno Vasco quieran “repatriar” la antigua Ibermática doce años después de que Kutxabank, el banco de la que es accionista de control con el 57% del capital, vendiera el 55% de sus acciones al fondo de capital riesgo madrileño ProA Capital por 32 millones de euros, lo que significaba una valoración de la compañía de 60 millones.
Esta vuelta a Ibermática, una compañía tecnológica estratégica para Euskadi que en 2013 estaba entre las tres primeras del Estado, internacionalizada y fuertemente capitalizada con un fuerte compromiso y arraigo en el país, significa que la Fundación BBK está dispuesta a pagar ahora casi 10 veces más de lo que costaba hace doce años, cuando Kutxabank se desprendió del 32,97% de las acciones al pasar de un 47,97% a un 15%, el mismo porcentaje que la ONCE y un grupo directivo de la firma. Un precio que se antoja elevado para una empresa que ha pasado por dos manos inversoras diferentes y con distintos intereses en su obsesión por maximizar la rentabilidad de la inversión en el periodo de tiempo más corto posible. La filosofía de estos fondos es clara: “Comprar, arreglar y vender”. No lo ocultan.
Después de varios intentos, ProA Capital vendió en 2022 su participación en Ibermática, arrastrando en la operación al resto de los accionistas, entre ellos, Kutxabank y ONCE, a la empresa sevillana Ayesa, -donde otro fondo A&M Capital Europe con sede en Londres detenta el 77% de su capital-, por 160 millones de euros, haciéndose con el 100% de la compañía donostiarra. Ahora, ese fondo londinense, una vez que ha cumplido su ciclo y ha maximizado la inversión inicial al triplicar la facturación de la compañía en tres años y alcanzar los 800 millones en 2024, ha decidido desprenderse de su paquete accionarial, obligando a la familia Ayesa a vender sus títulos en la compañía.
Habría que preguntarse qué sentido tiene volver a recuperar una compañía tecnológica fuertemente arraigada en este país y orgullo del “made in Euskadi” cuando estaba en manos vascas, si en estos doce años no ha estado ubicada en este país, ya que su centro de decisión se trasladó de Donostia a Madrid y de esta ciudad a Sevilla y solo dos de los 12 actuales directivos pertenecen a la antigua Ibermática.
Qué razones hay para que la Fundación BBK actúe de manera unilateral en esta operación relacionada con una empresa muy vinculada desde su origen en 1973 con las cajas de ahorro guipuzcoanas y radicada en Gipuzkoa, cuando, al parecer y según todos los indicios, su socia en Kutxabank, la Fundación Kutxa, que detenta el 32% del banco vasco, se ha enterado por la prensa de las intenciones de su homóloga vizcaína.
Llegados a este punto es importante preguntarse qué responsabilidad social tienen todavía aquellos que hace doce años decidieron desprenderse de manera voluntaria y por decisión propia de una empresa tecnológica en un sector estratégico y de futuro, como lo estamos viendo a día de hoy, con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y que supo vencer a IBM, la misma que ha instalado el ordenador cuántico en Donostia, e impedir su penetración en el mercado vasco.
Está claro que prescindir de una empresa tecnológica vasca, que nació antes de Microsoft o Apple, por poner dos ejemplos, no fue una decisión evaluada y objeto de la más mínima reflexión, al no tener en cuenta razones estratégicas de país. Eran los tiempos en los que, desde el sector bancario, para justificar las desinversiones, se decía que no importaba donde se ubicaban los centros de decisión de las empresas, sino su competitividad. A la vista está que esa tesis no fue la más acertada.
Algunos pueden decir que la desinversión de Kutxabank en Ibermática y en la mayoría de sus participadas, salvo, algunas con mayor peso estratégico, obedecía a las exigencias del BCE, a través de la directiva de Basilea III, por el riesgo que esas inversiones pudieran tener en el propio negocio financiero sino se acometía un aumento de las reservas de capital para dotarse de una mayor resiliencia. Sin embargo, entidades como CaixaBank, crearon Criteria, un instrumento inversor radicado en la Fundación La Caixa y, por lo tanto, fuera del perímetro del banco, que es donde se depositan todas sus participadas. Acaba de aprobar su plan estratégico que prevé una inversión de 8.000 millones de euros hasta el año 2030 y un reparto de dividendos para la Fundación La Caixa de más de 4.000 millones. Algunos quieren hacer el mismo viaje doce años después.
A diferencia de Talgo, donde el paraguas gubernamental de empresa estratégica y la ausencia de posibles competidores por la capacidad de veto que utilizó el Gobierno español, ha facilitado, dentro de las dificultades, la conformación de un consorcio inversor vasco, en cambio, la operación de Ibermática no va a ser nada fácil para la Fundación BBK. El accionista mayoritario de Kutxabank tiene que competir con un inversor industrial potente y con importantes recursos tras las ventas de varios activos en Sudamérica, como es Telefónica y tres fondos internacionales como Blackstone, HIG y CapVest interesados en el negocio de la tecnológica de origen donostiarra. A finales de año o principios del que viene, sabremos quién se ha hecho con la histórica Ibermática hoy, llamada, Ayesa. De momento, toca esperar.
