Uno de esas carambolas parlamentarias a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez va a permitir prolongar otros seis meses los descuentos en el precio del transporte público. El Ejecutivo español va a aprobar la medida mañana y todo hace pensar que las instituciones vascas se sumarán a ella con su correspondiente cuota; entre ambas (30% y 20%, respectivamente) la gente podrá seguir viajando en autobús y en tren a la mitad de precio. No hay más que ver los balances de los operadores públicos de transporte para comprobar el éxito de esta decisión. Desde que se puso en marcha hace dos años, Gipuzkoa ha registrado un incremento del 20% de usuarios únicos y un aumento de cuatro millones de viajes. La medida está favoreciendo la movilidad de los colectivos no motorizados y con menos recursos para acceder a ellos, en particular los jóvenes. Estos números son extrapolables al conjunto de Euskadi. Pese a estos buenos resultados, parece que va a ser la última prórroga y que le sucederá un modelo basado en ayudas a colectivos concretos. No todas las administraciones han visto los descuentos con buenos ojos, porque las arcas públicas se resienten, aunque de una manera u otra siempre lo pagan los ciudadanos, por lo que el grado de bonificación del precio del transporte público es una decisión política. Desconozco si hay algún estudio que haya medido el coste-beneficio de los descuentos en relación al impacto que tiene el aumento de la movilidad en el transporte público en la economía y el medioambiente. Ahora que se mide cualquier cosa, permitiría adoptar una mejor decisión para todos.