Donostia. "Nos compraron nuestras tierras por una media de tres o cinco euros el metro cuadrado y, tres meses después, vendieron parte de esas tierras por más de 80 euros el metro cuadrado". Los vecinos de Zubieta afectados por las expropiaciones de Eskuzaitzeta, donde se construirá, la cárcel, servicios complementarios a la incineradora y un polígono industrial, se muestran indignados e impotentes ante lo que consideran que ha sido un abuso por parte del Ayuntamiento de Donostia. Muchos de ellos recurrieron a los tribunales y emprendieron un proceso contencioso-administrativo que sigue abierto.

Los zubietarras expropiados creen que, aunque las expropiaciones puedan ser justas o estén o no de acuerdo con el fin para el que se ejecutan, en el proceso de Eskuzaitzeta ha habido un intermediario que se ha beneficiado en todo este proceso. Y consideran denunciable que ese intermediario sea, precisamente, la Administración municipal.

Recuerdan, por ejemplo, que el acuerdo reciente por el que el Consistorio cede al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa parte de los terrenos de Eskuzaitzeta (30.300 metros cuadrados con 18.800 de espacio edificable) para construir en ellos otros servicios complementarios a la planta principal de la incineradora supone para el Ayuntamiento un ingreso de 18,4 millones de euros (8,4 por el suelo, 5,8 por recibir la tierra que se extraerá y 4,25 para actuaciones medioambientales). Critican que también ingresará ocho millones por ceder otra parte de Eskuzai-tzeta recientemente expropiada, 300.000 metros cuadrados, a Instituciones Penitenciarias para construir en ella la futura cárcel (seis millones se destinarían a contribuir a las obras de urbanización).

El Consistorio, por su parte, calculó que las expropiaciones que se ejecutaron unos meses antes (a principios de 2010) de 55 hectáreas a particulares le costarían unos tres millones de euros, al margen del acuerdo con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para obtener otras 44 hectáreas de su titularidad en esta parcela.

Los afectados por estas expropiaciones confiesan que se sienten "impotentes" ante esta situación y critican también el "oscurantismo" que ha reinado, según su experiencia, en su contacto con el Consistorio donostiarra. Algunos insisten en que cuando se les expropió preguntaron en más de una ocasión cuál era el uso que se les iba a dar a sus tierras, sin obtener una respuesta concreta, aunque para entonces era pública la intención de construir la nueva cárcel en esa zona. También eran conocidos los planes del Ayuntamiento para edificar un parque industrial de 300.000 metros cuadrados de techo, "que será el mayor polígono de Donostia", según ha reiterado en varias ocasiones el concejal de Urbanismo de Donostia, Jorge Letamendía.

Lo curioso del caso es que si alguno de los zubietarras expropiados decidiera formar parte de ese parque empresarial y comprar una parcela en él, pagaría más dinero que cualquier otra persona: tendría que abonar el precio que se estipule para la venta ordinaria y, además, habría perdido la diferencia entre el precio que pagó en su momento y el que le abonó el Consistorio previamente al expropiarle.

jurado de expropiación La reserva de suelo de estas parcelas de Eskuzaitzeta (en total, la operación afecta a 100 hectáreas de terreno) se realizó hace ya unos cuatro años, aunque las expropiaciones se ejecutaron a principios de 2010. No conformes con el precio que les ofreció el Ayuntamiento, los propietarios recurrieron al Jurado de Territorial Expropiación Forzosa. Este órgano presentó en octubre del año pasado su primer informe, en el que duplicaba el precio estipulado para algunas zonas de terreno rural y huertas y, por ejemplo, llegaba a dictaminar que algunos metros cuadrados por los que el Ayuntamiento pagó nueve euros valían 13,5 euros. Esa cifra seguía siendo demasiado baja en opinión de los zubietarras que recuerdan, incluso, que varios años antes el Consistorio había llegado a ofrecer 30 euros por metro cuadrado, cifra que el propio Gobierno Vasco llegó a pagar. De todos modos, el Ayuntamiento tampoco estaba conforme y recurrió esa decisión del jurado de expropiación, con intención de que se revisasen a la baja y no tener que hacer frente a unos 500.000 euros más, cantidad en la que cifró el grupo municipal del PNV la diferencia entre los precios abonados por el Consistorio y lo dictado por el jurado.

En estos momentos las expropiaciones se encuentran inmersas en un proceso contencioso-administrativo. Un proceso largo y costoso, en opinión de los zubietarras, al que han tenido que recurrir como única posibilidad de intentar modificar las condiciones en las que se les expropiaron sus terrenos.