El 40º aniversario de la muerte de Mikel Zabalza trascendía este miércoles el ejercicio de memoria y derecho a la verdad de la familia para convertirse en demanda de la necesidad de transparencia que obliga a un Estado democrático. Zabalza era un joven navarro detenido por la Guardia Civil en un operativo antiterrorista. Fue detenido, sometido a tortura en el cuartel de Intxaurrondo y hallado muerto en el río Bidasoa, esposado y con evidentes signos de violencia. La versión oficial, que atribuía su muerte a un accidente durante una supuesta huida, nunca contó con verosimilitud y quedó refutada por informes técnicos que indican la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los reconocimientos como víctima de la violencia policial por parte de los gobiernos vasco y navarro, realizado este último el pasado año, vienen a amparar las reclamaciones de la familia, pero no son suficientes para cerrar las heridas causadas.

La opacidad que rodea las denuncias de crímenes cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado es una losa que pesa sobre los derechos humanos y la justicia y que se protege con el mantenimiento del secreto sobre documentos oficiales relacionados con estos hechos. Este es un obstáculo insostenible para la verdad, la reparación y la confianza ciudadana. El PNV reclamó este miércoles de nuevo al Gobierno del Estado que levante el velo que oculta estos secretos oficiales. Recordó su portavoz en el Congreso que, puesto que la norma en vigor, sostenida desde el franquismo, otorga al Gobierno la potestad de clasificar documentos secretos, en su mano está también invertir el camino. La excusa de esperar a una reforma legal, a todas luces imprescindible en cualquier caso, e instrumentalizada en el pasado por otros grupos parlamentarios impidiendo que avance, debe soslayarse. Esclarecer la muerte de Mikel Zabalza debe también prevenir futuros abusos, impulsando procedimientos que permitan fortalecer el Estado de derecho frente a una cultura de impunidad que debe combatirse con transparencia porque deteriora el sistema de derechos y libertades. Encarar los excesos del pasado y la responsabilidad institucional es el modo más pragmático de honrar la memoria de las víctimas de torturas y construir una sociedad más justa. Cada víctima merece el reconocimiento en el ámbito de su sufrimiento y cada verdugo, su condena ética y formal en el de su responsabilidad.