Astilleros Balenciaga mantiene firme su apuesta por garantizar la continuidad de su actividad toda vez que los acreedores aceptaran la quita de deuda y se iniciara una nueva fase de negociaciones con posibles inversores. La última prueba de ello se ha producido cuando la dirección, el comité de empresa y la administración concursal han acordado prorrogar el ERTE otros 25 días para dar facilidades a las dos firmas interesadas, una estatal y otra internacional, para que presenten aclaraciones sobre algunos aspectos de sus ofertas y documentación adicional.
El ERTE inicial pactado entre las partes iba a finalizar a mediados de mayo, pero con esta prolongación la fecha se traslada al 22 de junio. Tanto la dirección como el comité de empresa y la administración concursal han creído conveniente proceder a este cambio ante la solidez de las ofertas presentadas por los dos inversores que, no obstante, requieren de una ampliación de plazos para dar respuesta a los requerimientos planteados.
Documentación y aclaraciones
Las cuestiones hacen referencia a la aclaración de diferentes puntos y al cumplimiento de los requisitos documentales que exige la administración concursal con el fin de tener la mayor información posible para tomar la decisión final acerca de a quién posibilitar la adquisición de los activos de la compañía guipuzcoana, que en todo momento ha defendido su viabilidad según el comité de empresa. Su argumento radica en que existe carga de trabajo, pero no financiación para cubrir esta actividad.
La decisión de prolongar el ERTE debe cumplir un último trámite para que se haga efectivo, según informa Efe, que consiste en la aprobación por vía judicial pero fuentes internas de la empresa consideran que la decisión será favorable. El juzgado de Donostia ya aprobó alargar el anterior ERTE por un periodo de 30 días, y dada la presentación de dos ofertas en firme, todo parece indicar que su respuesta será similar en esta ocasión.
Reflote
Astilleros Balenciaga entró en concurso de acreedores por falta de liquidez y después de que su plan de viabilidad aprobado incluso judicialmente se paralizara por la decisión de Cofides, uno de los principales acreedores, de no aceptarlo, lo que generó un activo movimiento tanto a nivel empresarial como institucional para darle la vuelta a la situación, que condenaba a la firma de Zumaia al cierre a finales de marzo.
El Gobierno español fue interpelado desde diferentes instancias para que facilitara el reflote del astillero de Zumaia, dado que Cofides es un ente público que depende del Ejecutivo central cuya misión es gestionar fondos para ayudar a empresas y Astilleros Balenciaga tenía una deuda con este organismo de 15 millones de euros.
La delicada situación financiera de esta firma guipuzcoana y la posibilidad de reactivarla llevó a la creación de una mesa interinstitucional conformada por la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en colaboración con el Ayuntamiento de Zumaia con el objetivo de encontrar una solución que desbloqueara el concurso de acreedores.
Movilizaciones de los trabajadores
La presión se redobló con la actuación de los trabajadores, que convocaron numerosas movilizaciones y acudieron a las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde informaron a los grupos políticos de su difícil situación e insistieron en que Astilleros Balenciaga tenía futuro si se llegaba a un acuerdo para negociar su deuda. En esa sesión también instaron al Parlamento guipuzcoano a involucrarse para encontrar una solución.
Fue a principios de marzo, pocos días antes de que se procediera a la aplicación de un ERE y los consiguientes despidos de los 71 trabajadores, cuando se produjo el cambio buscado con la quita de deuda acordada por todos los acreedores de Astilleros Balenciaga, incluido Cofides que redujo su deuda de los 15 millones a 8,5 millones.
